La reforma de Gallardón divide en dos al Consejo del Poder Judicial

La reforma de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial que promueve Alberto Ruiz-Gallardón no solo tiene enfadados a jueces y magistrados, pese a los últimos acercamientos, sino que también ha provocado divisiones entre los vocales del gobierno de la judicatura.

Estas diferencias versan sobre el informe aprobado el pasado jueves por la Comisión de Estudios del Consejo y que hoy debatirá y aprobará el pleno. Se trata de un documento que analiza el anteproyecto de ley del Ministerio de Justicia y rebate aquellos puntos en los que está en desacuerdo, y que ya ha provocado la contestación de las asociaciones judiciales.

En este caso, la división de los vocales no atiende a criterios ideológicos o personalistas. Por un lado están los consejeros que proceden de la carrera judicial y del otro el grupo de fiscales, secretarios judiciales o abogados.

Los primeros apoyan el contenido del informe, elaborado por la vocal Concepción Espejel, magistrada de profesión. Lo hacen porque el texto, al que ha tenido acceso este periódico, defiende a capa y espada aquellas modificaciones que pretende llevar a cabo Gallardón en el estatuto profesional de la carrera judicial.

La reforma prevé reducir de 18 a tres los días de permiso por año y su concesión puede ser denegada si coincide con señalamientos, vistas o deliberaciones, salvo que se trate de una causa imprevista o de urgencia. Estas licencias son independientes de los 22 días hábiles de vacaciones.

Por su parte, el informe del Consejo aboga por no rebajar los permisos «en la medida en que su razón de ser obedece a la especial dedicación y responsabilidad que comporta el ejercicio de la función jurisdiccional».

En otras palabras, que «aspectos tales como la ausencia de un horario laboral estándar, que implica que el tiempo de trabajo efectivo abarque las tardes, noches e, incluso, los días festivos, justifica el mantenimiento de un régimen diferenciado» con el resto de los funcionarios públicos.

Rechazo

Esta propuesta, por ejemplo, cuenta con el rechazo de algunos vocales que no proceden de la carrera profesional. Este es el caso del abogado José Manuel Gómez Benítez, que en el pleno de hoy tiene previsto emitir un voto particular para que estos permisos se equiparen al resto los funcionarios, según fuentes del Consejo.

Otras de las medidas polémicas de la reforma de Gallardón es la supresión de la figura de los jueces sustitutos no profesionales debido a la actual situación económica. Se trataba de abogados que formaban parte de una bolsa de trabajo para ocupar temporalmente aquellas plazas de juez que no eran cubiertas. Y que cobraban como cualquier otro togado.

El Ministerio pretende ahora que sean jueces profesionales -titulares, en espera de destino o incluso de la escuela judicial- quienes sustituyan a sus compañeros para ahorrar, algo que acepta el informe que debatirá hoy el Consejo pero con matices.

A partir de ahora, los sustitutos cobrarán un 80% del complemeto del destino «trabajen lo que trabajen» y existe un supuesto muy criticado por el que no percibirán determinada retribución si su carga de trabajo es inferior a la prevista.

Otra de las peticiones del Consejo a Gallardón consiste en la elaboración de unas listas para la realización de suplencias voluntarias en dichos órganos, «siempre y cuando sean retribuidas en todos los casos, puntualmente y de manera adecuada».