El 'banco malo' no gestionará los inmuebles de menor valor

El 'banco malo' o sociedad de gestión de activos problemáticos no se ocupará de los pequeños débitos del ladrillo. Las entidades de crédito receptoras de ayudas públicas solo le van a traspasar los inmuebles que se adjudicaron por impagos de los promotores cuando los importes sean superiores a 100.000 euros, o los créditos que concedieron a estos clientes alcancen un valor superior a los 250.000 euros. Lo avanzó el ministro de Economía, Luis de Guindos, en una comparecencia parlamentaria en la que apuntó que la creación de la nueva compañía «dinamizará el sector de la vivienda en España y será positivo para quienes aspiran a acceder a un piso». El ajuste de precios y la existencia de financiación lo harán posible, afirmó.

A escala de promotores, explicó, la cuantía que va a quedar fuera del 'banco malo' no será muy alta. Por el contrario, la limitación facilitará «enormemente» su funcionamiento. De Guindos desveló el propósito de que el capital privado alcance en el 'banco malo' una mayoría de al menos el 55%, y se resistió a concretar el descuento que se aplicará en la transferencia de los activos.

El traspaso se hará al «valor económico real» de los inmuebles o de los préstamos. En la fijación de criterios colaborarán el BCE, el FMI y la Comisión Europea. Con el mercado hundido, estas valoraciones provocarán pérdidas en las entidades, reconoció De Guindos, para añadir que una parte se absorberán por las provisiones, y otra mediante las inyecciones de capital público. El FROB destinará a ese fin, entre otros, los recursos de la asistencia financiera europea.

El ministro justificó que no sea posible detallar ahora un porcentaje de descuento a aplicar en el traspaso, dada la variedad de los activos: suelo rural y urbano, promociones a medio construir o inmuebles a punto de comercialización, tanto en la costa como en la periferia o el centro de las ciudades. Una gestora independiente se hará cargo de la administración, y habrá fondos especializados según los diferentes inmuebles y créditos.

De Guindos aseguró que el plazo de quince años de funcionamiento del fondo posibilitará dos objetivos: por una parte, la salida escalonada al mercado de viviendas a precios más reducidos de los actuales y, por otra, la salvaguardia de la rentabilidad de la propia sociedad de gestión, que no se verá obligada a vender en pérdidas. Las condiciones de la financiación «permitirán aguantar los activos en el balance el tiempo que sea necesario».

Hundir precios

Con este segundo argumento, el ministro salió al paso de algunas acusaciones del sector privado. Para el consejero delegado del Sabadell, dar una mayoría de control del 'banco malo' a los privados supone asumir el riesgo de dar entrada a fondos especializados en hundir precios. Jaime Guardiola advirtió del riesgo de que fondos de inversión oportunistas ofrezcan entrar a coste de liquidación. Si fuera así -alertó- se producirán pérdidas inmobiliarias y el valor de los pisos bajaría mucho, lo que perjudicaría a los propietarios.

Al 'banco malo' irán, primero, los inmuebles adjudicados y los créditos a promotores de las entidades nacionalizadas. El ministro abrió la puerta a que las entidades acaben pasando a esta sociedad «otros activos cuando se advierta un grave deterioro de la actividad» y resaltó que también se podrán colocar créditos al corriente de pago. Pero en el grupo de las que el análisis de Oliver Wyman ha detectado necesidades de capital, el Banco Popular ya ha anunciado que aspira a satisfacer las carencias con recursos captados del mercado, y que constituirá su propio 'banco malo' para gestionar inmuebles por 13.000 millones.

De Guindos adjudicó al sector bancario la factura de los análisis sobre el sector bancario español, que han concluido con una necesidad de capital de 59.300 millones de euros, excluidos créditos fiscales y el impacto de las fusiones en curso. El importe de los trabajos de más de 400 auditores -que han revisado 115.000 operaciones- y seis tasadoras, entre otros agentes, lo van a pagar las entidades a través del Fondo de Garantía de Depósitos.

El responsable económico minimizó el impacto de la asistencia financiera europea, cifrada en un 4% del PIB, unos 40.000 millones. De los 100.000 millones que acordó el Eurogrupo se pedirán menos de la mitad, comentó. Y ensalzó las condiciones del primer paquete: ya hay disponibles seis bonos de 5.000 millones de euros cada uno, con vencimiento medio de 12,5 años y la primera disposición tendrá el muy ventajoso tipo de interés del 1,54%.