El Gobierno estudia cambiar la ley para frenar la escalada de protestasEl juez revisa las actas del Congreso por si el 25S alteró el pleno

El Ejecutivo, en plena polémica por las protestas del 25S junto al Congreso, sopesa embarcarse en una nueva y controvertida reforma normativa, la modificación de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Reunión de 1983 para frenar la escalada de manifestaciones y dotar a las delegaciones del Gobierno de mayor capacidad para vetar las convocatorias de concentraciones y marchas, y no hacerlo solo cuando haya pruebas fehacientes de que esas protestas pueden desencadenar graves desórdenes públicos.

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, habló abiertamente de esa reforma que desde hace unos días ronda en la cabeza de varios responsables del Ejecutivo, abrumados por las constantes manifestaciones, sobre todo en Madrid. Cifuentes abogó por «modular» la ley para «racionalizar el uso del espacio público». Según la representante del Ejecutivo en la capital, la actual legislación es «muy permisiva y amplia».

Es la respuesta de Cifuentes a las veladas acusaciones de la alcaldesa madrileña, Ana Botella, que se quejó de que la Delegación del Gobierno autorizaba «demasiadas» protestas en la capital. «No soy yo, es la ley», respondió Cifuentes, que ahora se ha convertido en la más firme defensora de esta modificación, que ya puso sobre la mesa la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre el año pasado a raíz de las acampadas y manifestaciones del 15M y las protestas de comerciantes y vecinos.

Los planes de la delegada, que aún no se han plasmado en texto alguno ni en Justicia ni en Interior, pasan por circunscribir la reforma a la ley orgánica sin tocar el artículo 21 de la Constitución. «Este derecho tiene que seguir siendo siempre un derecho constitucional. Estamos en una sociedad democrática y los derechos de los ciudadanos no se pueden recortar», explicó.

Según fuentes del Gobierno, en realidad solo haría falta modificar el artículo 10 de la ley orgánica, el que fija que la «autoridad gubernativa» podrá «prohibir» la reunión o la manifestación o proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario, pero únicamente si «existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones del orden público».

De manera reiterada, y sobre todo en Madrid, los tribunales superiores de Justicia vienen revocando esas prohibiciones y aceptando mayoritariamente los recursos de los convocantes, ya que -entienden desde el Gobierno- es muy difícil probar que se van a producir disturbios graves. La nueva redacción, señalan desde el Ejecutivo, debería ampliar los supuestos en los que la delegación podría, por ley, prohibir o modificar las manifestaciones, por ejemplo, en caso de grave perjuicio para el interés público aunque no haya riesgo de desórdenes o que la protesta provoque importantes disfunciones para el día a día de la ciudad.

No obstante, los propios juristas del Gobierno admiten que ampliar el abanico de situaciones en las que la «autoridad gubernativa» pudiera limitar el derecho de manifestación podría dar lugar a «discrecionalidades», que también terminarían en los tribunales.

Dos millares

Sea como fuere, Cifuentes defendió la necesidad de esos cambios legislativos agarrándose a las cifras. «Madrid es una ciudad complicada porque las manifestaciones son permanentes y su cifra desmesurada», 2.200 durante este año, según los datos de la delegación. Una cifra que Botella el viernes elevó a 2.732 en 2012 frente a las 1.380 de 2011. Según la delegada, la alta movilización de este año es una «cuestión puntual» provocada por el «momento político» y por «grupos que tratan de conseguir en la calle lo que no han conseguido en las urnas».

Con esos argumentos insistió en que es necesario «abrir un debate» sobre la reforma de una ley orgánica «que tiene muchos años». La norma tiene 29 años de vigencia. «Habría que modificarla -reiteró- no para recortar derechos, pero sí para racionalizar el uso del espacio público. No puede ser que en un mismo día en Madrid haya diez manifestaciones en la misma zona. Los comerciantes y vecinos del centro de Madrid están desesperados y con toda la razón», señaló, antes de denunciar que en el caso de la capital de España, tantas protestas, en ocasiones convierten a la ciudad en «inhabitable».

Además, la delegada lamentó que la actual legislación solo permita «sanciones administrativas» contra las personas que sistemáticamente provocan cortes de tráfico durante las protestas.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, examinará el diario de sesiones del pleno celebrado el 25 de septiembre en el Congreso para saber si hubo alteraciones por la convocatoria de la Coordinadora 25S. El magistrado pretende añadir las conclusiones a la causa abierta contra las ocho personas imputadas por «promover» el acto, y que están acusados de un delito contra las Altas Instituciones del Estado. Sin embargo, una revisión de las 76 páginas del diario de aquel día no recoge ninguna mención de los diputados a que el pleno se viera afectado.