La droga incautada se destruirá de inmediato

No habrá que esperar para ordenar la destrucción de droga incautada a que el juez se acuerde de que en uno de los cientos de sumarios que instruye hay un importante alijo aún bajo custodia policial, con el consiguiente coste en instalaciones y personal, amén del riesgo de que la droga desaparezca.

El reciente robo de unos 290 kilos de estupefacientes, la mayoría cocaína, de un depósito policial de Cádiz ha sido la gota que ha colmado el vaso después de innumerables denuncias de los sindicatos del cuerpo y de, al menos, otras dos sustracciones de importantes cantidades en Málaga y Sevilla en los últimos años.

A partir de hoy, un «acuerdo-marco para la destrucción de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas incautadas en operaciones policiales» regulará la desaparición de los alijos. El protocolo, impulsado por Interior, tendrá la firma de todas las instituciones implicadas: los Ministerios de Justicia y Hacienda, la Agencia Nacional de Medicamentos y Productos Sanitarios y, sobre todo, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial.

Según explicaron responsables policiales, el meollo del convenio es la implicación de fiscales y jueces para acelerar la destrucción de la droga apenas sea incautada y después de recibir los peritajes de la Agencia Nacional de Medicamentos que certifiquen que las sustancias incautadas son estupefacientes y se establezca el grado de su pureza.

El Poder Judicial dará órdenes precisas para que los instructores de los sumarios, la única autoridad que puede disponer la destrucción de una prueba, no se demoren en ordenar incinerar los estupefacientes.

En la actualidad, en muchísimos casos de narcotráfico las instrucciones para destruir los alijos no se dan hasta el momento en que se dicta sentencia en primera instancia, por lo que los estupefacientes pueden pasar varios años almacenados en depósitos policiales.