Un cajero en el punto de mira

El 1 de abril de 2009 la vida de Clemente Ruiz dio un giro de 180 grados. De ser un trabajador modelo y ejemplar para toda la plantilla municipal, a convertirse en una persona señalada como presunto autor de uno de los robos más importantes cometidos en un Ayuntamiento español, ya que son 7,8 millones de euros los que han desaparecido de la caja municipal.

Así al menos lo estipulan todos los informes que se han realizado por parte de diferentes órganos como la Policía, la Cámara de Cuentas y el Ayuntamiento. De hecho, es el Consistorio el que recoge en la demanda que ha presentado al Tribunal de Cuentas, los diferentes textos de las investigaciones que comprometen al que fuera jefe de cajeros, que siempre ha mantenido su inocencia y ha asegurado que solo cumplía órdenes de sus superiores.

En el documento elaborado por los servicios jurídicos de Diputación para el Consistorio, se asegura que los cajeros manipularon 1.215 hojas de caja desde el 29 de abril de 2004. «Coincidiendo con la fecha (abril 2004) Clemente Ruiz comienza a vender todas aquellas propiedades que, como gananciales, tenía a su nombre y al de su esposa. Todo ello hace pensar que el fin último no es otro que evitar cualquier tipo de embargo en el momento en el que su acción delictiva pudiera ser descubierta. En la actualidad no existe inmueble alguno registrado a nombre del matrimonio», tal y como recoge el texto del informe de la Brigada de la Policía Judicial de San Fernando.

Estos dos movimientos (manipulación de las hojas de caja y el desprenderse de bienes) son entendidos en la demanda como una conducta indicativa de que lo quebrantado «no iba a poder ya ser restituido ni ocultado». Pero sí se consigue ocultar porque los 400.000 euros se convierten en 7,8 millones de euros y no se descubre hasta el año 2009.

En el documento también queda claro que los cajeros han sido los que han «ejecutado o cooperado en la comisión de los hechos y han participado con posterioridad para ocultarlos e impedir su persecución». Es decir que para el Ayuntamiento los presuntos culpables tienen nombres y apellidos y por ello no dudaron en denunciar ante la Policía Nacional tanto a Clemente como a María José Lebrero.

Y es que para los servicios jurídicos de Diputación está más que claro que si los cajeros «hubieran cumplido con sus obligaciones en la custodia de los caudales públicos el alcance no hubiera estado latente y nocivo durante tantos ejercicios económicos. Hay una conexión directa entre la conducta de los cajeros y los daños producidos, excluyendo el ejercicio de las funciones de supervisión de los servicios económicos municipales, que no es la auténtica causa del alcance».

Pero en la demanda también hay partes que reconocen algunas de las afirmaciones que Clemente alega en su defensa, como que el desfase era conocido por todos incluso por los responsables del área de Hacienda. El excajero asegura que él llamó la atención sobre los descuadres, de los que estaban informados sus superiores que le dijeron que no se preocupara. Hasta el momento siempre ha sido negado por interventor, tesorera y el exalcalde, Manuel María de Bernardo, sin embargo la demanda recoge que los «verificadores de ese arqueo extraordinario (tesorera, interventor y alcalde) accedieron a sus respectivos cargos con posterioridad a la existencia de los desajustes contables y que eran conocedores de ese desfase».