La juez cree que impedir la salida de diputados es delito contra el Estado

La juez de Madrid que interrogó e imputó a los 34 detenidos en la manifestación del pasado 25 de septiembre frente al Congreso devolvió ayer la causa a la Audiencia Nacional. La magistrada María del Rosario Martínez García, titular del juzgado de instrucción número 8, consideró que los arrestados cometieron un delito contra las Altas Instituciones del Estado, cuya competencia recae en el tribunal central, y por tanto declaró su inhibición.

En su resolución hace una lectura de los hechos a partir de los atestados policiales y concluye que los detenidos trataron de impedir el normal funcionamiento de la Cámara legislativa, lo que encaja en el tipo delictivo que les imputa, el 493 del Código Penal, que castiga de tres a cinco años de prisión a quien «invada con fuerza, violencia o intimidación» la sede del Congreso.

Para llegar a esta conclusión la juez señala que «a lo largo de la concentración se produjeron incidentes ocasionados porque algunos de los asistentes intentaron rebasar el perímetro de seguridad establecido en el Congreso, así como impedir a sus Señorías abandonar el hemiciclo; lanzaron objetos a los funcionarios de Policía, produjeron agresiones e intentaron también los manifestantes saltar las vallas de protección».

El pasado jueves, después de tomar declaración a los detenidos y dejarles en libertad con cargos, la magistrada aseguró que «existen motivos bastantes» para acusarles de forma genérica de un delito contra las altas instituciones del Estado, además de otros dos de lesiones y resistencia a la autoridad.

La resolución conocida ayer, por su parte, es más precisa con el relato de hechos, sobre todo al asegurar que los manifestantes «impidieron» que los diputados abandonar la Cámara baja, lo que podría significar que las protestas alteraron el normal funcionamiento de la sesión plenaria que ese día se celebraba en el Congreso. La verdad es que ningún parlamentario ha interpuesto una denuncia porque se le impidiera abandonar el Congreso.

El auto no da más explicaciones para imputar a los arrestados este grave delito y se limita a ofrecer una conexión con las acusaciones contra ocho de los promotores de la convocatoria 'Rodea el Congreso', que este jueves acudirán a la Audiencia Nacional para declarar como imputados por un delito contra las Altas Instituciones del Estado.

Atestados

A partir de este vínculo, la juez de Madrid pone en el mismo cesto tanto a quienes organizaron el acto como a los detenidos por los altercados e incidentes posteriores. Para ello se basa en los atestados policiales levantados aquellos días. Curiosamente, el informe del 25 de septiembre fue el mismo que utilizó el juez central de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, para remitir las diligencias a los juzgados ordinarios de Madrid al no estimar un delito contra el Estado. Una decisión que contó con el apoyo de la Fiscalía.

A partir de ahora, los abogados de los 34 detenidos pueden recurrir la decisión de la juez de Madrid. Para ello tienen un plazo de tres a cinco días si lo hacen en reforma (ante el propio juzgado) o en apelación (ante la Audiencia Provincial de Madrid).

Fuentes judiciales señalaron que lo más probable es que los letrados recurran la resolución, en tanto en cuanto se da la paradoja, por ejemplo, de que algunas de las detenciones tuvieron lugar en la estación de Atocha de Madrid, hasta la que llegó un grupo de manifestantes que fue perseguido por los antidisturbios desde la Plaza de Neptuno.

Si la causa acaba de nuevo en manos del juez Pedraz y éste mantiene su rechazo a asumir la investigación se abriría un conflicto de competencia que debería resolver el Tribunal Supremo.