Mas ignora las amenazas del Gobierno y asegura que habrá consulta soberanista

A pesar de que el Gobierno dejó claro y meridiano al president de la Generalitat que parará con todos los instrumentos legales a su alcance la consulta soberanista si llegara a convocarse, Artur Mas insistió ayer en su propósito de preguntar a los catalanes sobre su futuro.

Mas se siente depositario del clamor del millón y medio de personas que hace dos semanas salieron a la calle para pedir un Estado propio y considera, como así lo expresó en el Parlament el martes, que a Cataluña le ha llegado la hora de la autodeterminación. Lo hará con o sin el consentimiento del Gobierno pues el presidente de la Generalitat tiene un mandato parlamentario que no podrá defraudar porque pondría en duda su crédito político. Por ello instó al jefe del Ejecutivo central a escuchar la voluntad de los catalanes que se plasmará en el resultado de las elecciones del 25 de noviembre. «Si el pueblo se pronuncia, lo primero que tiene que hacerse es escuchar atentamente, educadamente y no amenazar», señaló Mas en respuesta a las palabras conminatorias de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría de anteayer.

Y es que el mismo día que el Parlamento catalán aprobó una resolución en la que insta al Govern que salga de las urnas a convocar una consulta soberanista, la portavoz del Ejecutivo avisó que usará todos los instrumentos jurídicos y judiciales para frenar el referéndum. Dicho de otra manera, se mostró firme y lanzó dos amenazas a Mas. La primera consistiría en la presentación de querellas penales contra la persona que firmara la convocatoria de la consulta, o sea, el presidente de la Generalitat, que todo apunta a que será Artur Mas, que sería denunciado por prevaricación, desobediencia y desacato.

La otra posibilidad que baraja el Gobierno, según señaló la vicepresidenta, sería recurrir ante el Constitucional los artículos de la ley catalana de consultas vigente, que el Parlamento autonómico tenía previsto reformar este invierno para que Mas convocara una consulta sobre el pacto fiscal, pero que deberá ver la luz en la próxima legislatura porque el martes se disolverá la cámara catalana. «Si hubiera un referéndum, se dejaría automáticamente sin efecto, se va al Tribunal Constitucional y se suspende su efecto», afirmó Soraya Sáenz de Santamaría.

Para el jefe del Govern las palabras de la número dos del Gobierno son las «amenazas típicas, tradicionales, y es la manera que tienen de reaccionar muy a menudo desde los poderes del Estado». Mas afirmó que no tiene ninguna gana de «hacer las cosas fuera del marco legal», aunque a continuación expresó que «no se puede impedir que un pueblo que lleva mil años de historia, que tiene un proyecto de futuro y quiere luchar por su bienestar se pronuncie sobre su futuro a menos que no se le reconozca su existencia».

Otras dos vías

Así, igual que el Gobierno de Rajoy tiene dos vías para impugnar la futura convocatoria de Mas, el Govern catalán tiene dos opciones si quiere sacar adelante lo que el jueves le pidieron casi dos tercios de los diputados del Parlament. «Primero lo intentaremos con las leyes, y si no puede ser, lo haremos igualmente, en cualquier caso», dijo el miércoles.

Desde el punto de vista legal, la Constitución establece que es el Estado quien tiene la competencia exclusiva en la autorización de la convocatoria, por lo que sería necesario el acuerdo con el Gobierno central. Es lo que ha ocurrido en los casos de Quebec, que ha celebrado dos referendos en Canadá, y Escocia, que negocia con Londres la convocatoria para 2014.

Ambas son regiones con estatus políticos e históricos distintos al de Cataluña, pero Mas utilizó los dos casos como ejemplos de cómo se pueden resolver los problemas por la vía del diálogo. «En los países civilizados y democráticos, la gente se entiende hablando y negociando a partir de la voluntad popular expresada en las urnas», dijo. El Estado español debería mostrar una actitud «democrática» y «actuar de la misma forma» que el Reino Unido o Canadá, remató.

La otra posibilidad que tiene Mas es echar mano de la ley de consultas que aprobará el nuevo Parlament en cuanto se constituya a partir de diciembre. El Gobierno ya advirtió de que recurrirá al Tribunal Constitucional, por lo que si Mas insistiese en su intención, en caso de que hubiese una sentencia contraria contra la norma catalana, podría incurrir en un delito de desobediencia. Llegaría, por tanto, el tan anunciado, y por nadie deseado, choque de trenes.