El Gobierno recurre al Fondo de Reserva para pagar las pensiones

La Seguridad Social recurrirá al Fondo de Reserva para pagar las pensiones por primera vez desde su creación ante las crecientes dificultades presupuestarias que está teniendo el sistema por la pérdida de cotizantes. El Gobierno ha aprobado la disposición de 3.063 millones de euros, según explicó ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Con ello se apura al máximo el límite del 3% sobre la cuantía total de las pensiones que marca la ley respecto a la utilización anual del Fondo de Reserva. En la actualidad, la conocida como 'hucha de las pensiones' cuenta con 69.252 millones de euros, por lo que se va a gastar el 4,4% del total.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, intentó desdramatizar recalcando que «es una utilización parcial, pero no ocurre nada extraordinario porque está para eso». Sin embargo, la secretaria de Economía y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, dijo que su partido se va a oponer porque ese fondo de reserva se creó «para hacer frente a las situaciones de déficit estructural, no para hacer frente a situaciones transitorias de liquidez». En opinión de Rodríguez-Piñero, «si el Ejecutivo empieza a hacer esto, lo que está poniendo en riesgo son las pensiones de los trabajadores actuales».

Montoro anunció que los presupuestos de la Seguridad Social se incrementan un 4,9% el año que viene e incluyen una subida del 1% para las pensiones. Respecto a la actualización con la inflación señaló que «la normativa de revalorización sigue vigente». Según esa norma, a los pensionistas se les compensa en diciembre si la inflación -con el dato del mes de noviembre- es más alta que la subida aprobada en presupuestos. Este año, las prestaciones se aumentaron un 1%, pero el IPC está ahora en el 2,7% y los expertos prevén que en noviembre se acerque al 3%. Para cubrir esa desviación, la Seguridad Social tendrá que abonar en el año actual unos 2.000 millones de euros más de los previstos. Cada punto que se suben las pensiones son mil millones más de gasto.

El sistema tiene serios problemas de liquidez desde el verano, cuando tuvo que disponer de casi todo el dinero acumulado en el Fondo de Prevención de las mutuas de accidentes laborales, más de cuatro mil millones de euros, para abonar la paga extraordinaria de julio de los pensionistas. Lleva dos ejercicios cerrando con déficit (en 2011, el desequilibrio alcanzó el 0,9% del PIB) y este año, aunque debería acabar en equilibrio presupuestario, los expertos pronostican que también cerrará con déficit, aunque el ministro de Hacienda insistió en que se va a cumplir el objetivo para todas las administraciones públicas.

La falta de dinero y la preocupación por la estabilidad presupuestaria es lo que ha llevado al ministro de Hacienda a anunciar que en 2013 no se rebajarán las cotizaciones sociales un punto porcentual como había prometido el Gobierno. Un incumplimiento más, aunque esta vez su decisión de no bajar cotizaciones está respaldada y solicitada por los sindicatos. Cada punto de rebaja supone una pérdida de ingresos para la Seguridad Social de cerca de 3.000 millones de euros.

Desviación de la inflación

La subida para compensar la desviación de la inflación se tiene además que consolidar en las pensiones del año que viene, lo que representa un incremento de 2.000 millones en el gasto, aunque ya con cargo al presupuesto de 2013. Precisamente el año que viene se cumplirá la separación definitiva de las fuentes de financiación de la Seguridad Social de manera que los complementos a mínimos (las pensiones que no llegan al mínimo establecido son incrementadas hasta ese límite) y las prestaciones no contributivas correrán a cargo del Presupuesto del Estado y no del de la Seguridad Social. Para ello, el Estado duplicará sus transferencias a la Seguridad Social, que se situarán en 2013 en 15.554 millones de euros frente a los 8.892 millones de aportación del Estado en 2012.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, confirmó que se llevarán a la Comisión del Pacto de Toledo cambios normativos para limitar y retrasar la jubilación anticipada y la jubilación parcial. También se irá adaptando el sistema de pensiones en función, entre otros factores, de la esperanza de vida, lo que se conoce como factor de sostenibilidad. La definición de ese factor influye en la edad de jubilación, el período para calcular la cuantía de la pensión y su revalorización anual. En otros países, como Suecia, el factor de sostenibilidad ha llevado a retrasar la edad de jubilación o a rebajar el importe de las pensiones.