Un nuevo fiscal revisa el proceso del desfalco desde el inicio del caso

Hace tiempo que el proceso penal, sobre la desaparición de 7,8 millones de euros de la caja municipal, se encuentra paralizado. Uno de los motivos tiene que ver con el cambio de fiscal encargado del caso. El que hasta ahora era el responsable se ha jubilado y es una nueva persona la que llevará el asunto. Ahora se tiene que poner al día y no es sencillo, ya que son más de 15.000 los folios que tiene que revisar. Un trabajo que está realizando de forma pormenorizada. Tanto que incluso ya se está centrando en diferentes aspectos de la investigación.

No es que se vaya a cambiar la política de la Fiscalía, sino que hasta ahora la visión ha sido demasiado global, lo que dificulta las pesquisas a seguir por la necesidad de colaboración con otros estamentos e incluso diferentes países. Lo que se pretende es desentrañar en primer lugar lo que ocurrió en la caja, cómo desapareció el dinero, por qué no se detectó en los controles y qué sucedió los primeros días tras la denuncia interpuesta por el Consistorio y la detención de los hasta entonces cajeros municipales.

Hay que recordar que lo último que se conoce de la investigación es el análisis económico de una familia de origen marroquí muy cercana al principal imputado, Clemente Ruiz, que desveló el gasto de millones de euros durante cuatro años sin que tuvieran ningún ingreso reconocido en España que avalara ese ritmo de vida.

La suma total casi ascendería a los cinco millones de euros. Pero, los miembros de esta familia, cuyas propiedades fueron incluso registradas por la Policía, siguen sin estar imputados. Es más, a pesar de los años y los avances tanto Clemente como la otra imputada en el proceso, la excajera María José Lebrero, son los únicos imputados en el caso penal, una consideración que arrastran desde abril de 2009, cuando se dio a conocer la desaparición del dinero de la caja municipal.

Vuelta al trabajo

A los pocos días, ambos fueron suspendidos de empleo y sueldo. Una decisión que llevaron a los tribunales. En el caso de Clemente fue desechada, pero hace unas semanas a María José le dieron la razón y una sentencia obliga al Ayuntamiento a reincorporarla dentro de la plantilla municipal.

El Consistorio, siguiendo con la lógica que ha mantenido durante todo este tiempo, que los responsables directos de lo ocurrido son los cajeros, ya ha recurrido esta decisión, a la espera de que se resuelva a su favor y defendiendo que esa persona está imputada en un proceso penal por el supuesto robo de 7,8 millones de euros.

Hasta que se resuelva María José Lebrero podrá trabajar como funcionaria, pero hasta el momento no ha realizado ninguna petición formal para reincorporarse. Recursos Humanos sí se ha planteado esta posibilidad y ya ha estudiado los posibles cargos que puede desempeñar, pues hay que recordar que su puesto fue suprimido del organigrama municipal y que ahora es una entidad bancaria la que lleva el pago y cobro de recibos municipales.