El PP compara las protestas ante el Congreso con el golpe de Estado de Tejero

La protesta 'Rodea el Congreso' sube de voltaje horas antes de que miles de personas se manifiesten en los alrededores del Parlamento para protestar por los recortes y reclamar un nuevo proceso constituyente. El PP llegó ayer a comparar las movilizaciones del 25 de septiembre con el golpe de Estado de Antonio Tejero en 1981, provocando el enfado de los socialistas y la indignación de los convocantes y simpatizantes de las marchas. Mientras, la Policía cierra los últimos detalles de un blindaje del palacio de la Carrera de San Jerónimo sin precedentes ante las informaciones que apuntan a «las intenciones poco pacíficas que tiene alguna de las organizaciones».

La secretaria general del Partido Popular, Dolores de Cospedal, no se anduvo con rodeos. «La última vez que yo recuerdo que se rodeaba y se tomaba el Congreso fue con ocasión del intento de golpe de Estado», apuntó antes de señalar que Tejero entró en el Parlamento porque «quería taparnos la boca a todos los españoles que habíamos elegido libremente a nuestros representantes y nuestro modelo».

«Ocupar el Congreso» es «tratar de contrariar la voluntad popular», señaló Cospedal, obviando que los manifestantes quitaron de su convocatoria la palabra «ocupación» para hablar de «rodear» el hemiciclo. La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, tardó minutos en denunciar la «equivocación» de Cospedal al comparar la protesta con el 23-F. Valenciano recordó a la dirigente popular que en 1981 los que irrumpieron en el Congreso eran «militares con pistola» y no ciudadanos, pero defendió que el Parlamento es «representación de la soberanía popular» y que «no existe ningún otro espacio en el que esté mejor representada» esa soberanía.

El presidente del Congreso, Jesús Posada, garantizó que el hemiciclo trabajará «exactamente igual que cualquier otro martes» y recordó a los manifestantes que la cámara es «inviolable» y que los debates «no pueden verse interrumpidos ni presionados por presiones externas».

Inquietud

Más preocupada está la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, y el Ministerio del Interior. Cifuentes tiene en su poder informes policiales que revelan «las intenciones poco pacíficas que tiene alguna de las organizaciones» que tomará parte en el 25S. Según la delegada, entre los participantes habrá una amalgama de miembros de diferentes grupos, incluidos militantes de ultraderecha, a los que une solo la aspiración de provocar un «cambio de sistema político o constitucional o una involución política». La delegada garantizó que «bajo ningún concepto» la policía va a permitir a los manifestantes que «rodeen o que se tome el Congreso», porque eso sería un delito. «Se trata de garantizar que los legisladores puedan trabajar sin presión externa de ningún grupo», tal y como establece el artículo 494 del Código Penal, explicó Cifuentes en ABC Punto Radio.

El dispositivo para evitar el asedio al Congreso tendrá una envergadura desconocida. Interior movilizará a 1.500 miembros de la Unidad de Intervención de la Policía (antidisturbios). Serán 28 grupos operativos, 17 con base en Madrid y otros once venidos de todas las bases de España, excepto de Canarias.

El objetivo será blindar el Congreso con tres o cuatro filtros de seguridad para evitar que los manifestantes provoquen incidentes en los aledaños del Parlamento en el momento álgido de las protestas, cuando a partir de las 17.30 horas se sucedan las manifestaciones y asambleas en las cercanías del hemiciclo (plaza de España, Puerta del Sol, plaza de Cánovas del Castillo y Cibeles). La coordinadora 25S, a través de internet, divulgó ayer las últimas instrucciones para las protestas que, insiste, deberán ser siempre pacíficas. La plataforma dio varias pautas para evitar que dispersen las marchas o cómo oponerse a los desalojos policiales y cargas con mayor efectividad.