Magdalena Álvarez niega que el interventor general le advirtiera

En vísperas de las declaraciones de hoy de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, Magdalena Álvarez fue ayer la gran protagonista de la comisión de investigación de los ERE fraudulentos. La que fuera consejera de Economía y Hacienda entre 1994 y 2004 negó que el interventor general de la Junta le hiciera «ninguna advertencia» sobre las irregularidades detectadas en las ayudas destinadas a empresas en crisis y al pago de los expedientes de regulación.

La actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) indicó que, aunque el informe de la Intervención se ciñe al año 2003, fue emitido un año y medio después de que ella abandonara la Consejería. Un extremo que desde el PP-A se negó posteriormente, ya que los populares advirtieron que el documento llegó en enero de 2004, un mes antes de que Magdalena Álvarez se marchara.

Las advertencias de la Intervención General de la Junta volvieron a salir a la palestra como una de las piedras angulares sobre la que gira la comisión de investigación. Los informes cuestionan el procedimiento de concesión de fondos que se produjeron desde el año 2003. Magdalena Álvarez matizó que no es lo mismo que el documento llegara a la Consejería que a la titular del departamento.

La exconsejera, en una comparecencia que alternó momentos de tensión en la fase de las preguntas de los parlamentarios con otras muy distendidas, defendió que «jamás» miró para otro lado y «menos» si tenía información de que pudiera existir una irregularidad.

Otra de las cuestiones que afirmó con rotundidad la exconsejera es que «jamás» despachó con el entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves, acerca de los desfases generados por la Consejería de Empleo. También Álvarez descartó que mantuviera reuniones con el que fuera titular del ramo, José Antonio Viera, para tratar el asunto de las ayudas sociolaborales.

Acerca del ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, Magdalena Álvarez señaló que «puedo asegurar que no lo conozco, lo he visto en la tele y ahora mismo no me acuerdo de la cara». La vicepresidenta del BEI no sólo negó los nombres propios, sino que advirtió que no tenía «ningún conocimiento» sobre las ayudas sociolaborales concedidas, ni sobre el convenio firmado en 2001 entre el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y la Consejería de Empleo en esta materia.

La segunda y última comparecencia de la jornada llevó hasta la comisión a Ángel Rodríguez de la Borbolla. El exalcalde de Cazalla de la Sierra se acogió a su derecho a no responder a las preguntas de los parlamentarios, para no «interferir» con el procedimiento penal en curso, y en el que aparece como uno de los imputados en la trama que investiga la jueza Mercedes Alaya.

Sin embargo, durante su turno de palabra Rodríguez de la Borbolla defendió que no se benefició de «ni un solo céntimo» de las ayudas destinadas por la Junta para los planes de viabilidad de empresas del corcho en la Sierra Norte de Sevilla. Incluso llegó a afirmar que la apuesta que hizo de su patrimonio personal para dar viabilidad a estas empresas le llevó hacia su propia «ruina económica».

El hermano del expresidente de la Junta, José Rodríguez de la Borbolla, acudió ayer ante la comisión después de que no lo hiciera en la primera tanda. Subrayó que es «rigurosamente falso» que no se presentara en la primera ocasión por estar ilocalizable, a la vez que explicó que comunicó al letrado del Parlamento que iba a estar fuera ese mes por motivos profesionales.