El campo andaluz tiembla ante Bruselas

El campo andaluz vuelve a mirar con aprensión hacia Bruselas, sede de la Unión Europea. La reforma de la Política Agraria Común (PAC) entra en su tramo final y su letra pequeña sigue amenazando la supervivencia de la actividad agrícola y ganadera andaluza ante nuevas exigencias y otro modelo para percibir ayudas. Andalucía se juega un montante de 1.600 millones de euros en subvenciones directas, más 300 millones para el desarrollo rural gestionados por las administraciones. Las expectativas no son halagüeñas. «Va a ser muy complicado defender nuestros intereses», ha admitido Luis Planas, consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. No solo la crisis y sus previsibles recortes vienen en contra. La entrada de los países del Este y el que Andalucía deja de ser objetivo para la convergencia restringe las expectativas de mantener el mismo nivel de subvenciones. Con la actual letra, la nueva PAC reduciría hasta un 60% los pagos.

El consejero andaluz acompañó a Bruselas al ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, junto a otros responsables de las demás comunidades el pasado día 17 para hacer 'lobby' en las instancias europeas. Gobierno y Junta van por ahora de la mano para hacer presión en los intereses comunes con un documento base que aportar al Parlamento donde se debaten 7.000 enmiendas a la propuesta de la PAC. «Para nosotros un acuerdo de mínimos es importante, todos vamos ahora en el mismo barco, luego vendrá un segundo nivel, cuando tengamos que decidir el reparto en España», apunta la directora general de la Producción Agrícola y Ganadera, Judit Anda Ugarte.

Un primer asalto se juega entre los diputados del Parlamento europeo. Por primera vez la votación de los eurodiputados será vinculante. Directivos de Asaja, organización agraria de mayor implantación, también ha mantenido esta semana contactos en la capital belga con el propósito de pulsar el ambiente y «defender los intereses de los agricultores andaluces en este sprint final», explica Ricardo Serra, presidente de Asaja-Andalucía.

Esta organización ha presentado un centenar de alegaciones al documento que prepara el Parlamento. Un informe que corrige la propuesta inicial del Gobierno de la UE y que ha generado esperanzas en Andalucía, según Judit Anda Ugarte. «Muchas de sus reflexiones satisfacen las demandas de regiones productoras como la nuestra», señala. La Junta también ha presentado enmiendas.

Contra la tasa plana

Para todos el primer objetivo es que se mantenga el presupuesto actual de la PAC (60.000 millones de euros de media anuales)en el futuro marco financiero 2014-2020. «Es la llave de todo y para nosotros es fundamental», advierte Serra. Pero no será suficiente con que se mantenga la ficha financiera de la PAC y que España siga recibiendo los 7.000 millones de euros anuales. Hacen falta cambios sustanciales a la propuesta del comisario rumano de Agricultura, Dacian Ciolos, para tranquilizar al campo andaluz.España se muestra tajantemente en contra de la tasa plana, que fija un pago básico por hectárea en cada región o país. Ciolos propone pagos a la superficie sea cual sea el cultivo, la producción o incluso si no existe. Una regla que supone un mazazo sobre todo para Andalucía, con el 25% de la producción de España, porque provocaría importantes cambios en la distribución de las ayudas.

COAG (Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía) y UPA (Unión de Pequeños Agricultores) también afirman que es para echarse a temblar si este cambio se materializa como se propone. «Estamos muy preocupados, significaría que podrían percibir ayudas quienes no se dedican al campo en detrimento de los agricultores», afirma Miguel López, secretario general de COAG Andalucía. En el mejor de los casos, si España recibiera la misma cantidad de dinero, con esta fórmula el reparto dejaría a la mitad los pagos a muchos agricultores. En plena crisis, la renta de estos caería en picado y les obligaría a dejar la labor. «Es imposible encajar ese modelo en el puzzle, lo que quieren es desmantelar nuestros centros de producción», en referencia a la agricultura mediterránea. El olivar sería uno de los más perjudicados. El 50% de la renta de este sector procede de Bruselas. «Sería un desastre», advierte Ricardo Serra.

Modelo más flexible

La Junta, en consenso con las organizaciones del sector, defiende que se introduzcan mecanismos que permitan a los estados miembros limitar la nueva superficie, respetando derechos históricos y evitando la entrada de terrenos sin actividad agraria real con la exigencia de una producción mínima. Se pide sobre todo un modelo flexible, que deje margen a las comunidades. «Galicia no es lo mismo que Andalucía», señala Anda Ugarte.

También se quiere limitar las variaciones de ayudas percibidas y un periodo transitorio lo más gradual posible para la adaptación al nuevo sistema. «Un aterrizaje suave», según Asaja, que además defiende una moratoria de dos años de la nueva PAC. «Estamos apostando porque tengamos un periodo de adaptación lo mas gradual posible, que suponga un cambio lo menos drástico para los agricultores y el territorio», añade Judit Anda.

España también rechaza la exigencia de nuevos requisitos medioambientales, el llamado 'greening', que destina el 30% de los pagos directos a mejoras verdes en las explotaciones. Andalucía propone que se reduzca a la mitad, un 15%, y que su cálculo se realice a cada agricultor de forma individual. Además defiende que entre las superficies automáticamente verdes se incluya el olivar, por sus beneficios medioambientales intrínsecos, los cultivos permanentes, la dehesa, el arroz, las leguminosas y las superficies ya acogidas a mejoras medioambientales.

La nueva PAC premia la diversificación de cultivos en una explotación y contempla al menos tres diferentes por cada una. Ciolos es rumano y en este país predominan las pequeñas explotaciones de diferentes cultivos. Este requisito arruinaría por ejemplo al olivar. La propuesta andaluza pide que la diversificación solo se aplique a partir de las 20 hectáreas y se reduzca a dos cultivos. La Junta reclama también que sectores como el algodón, el tabaco y la aceituna de mesa obtengan ayudas asociadas.

Renta agraria

El futuro de la renta agraria no depende solo de las subvenciones, sino de que los precios sean estables y razonables. El 78% de los ingresos de los agricultores procede de la venta de sus productos, según la Junta. Un porcentaje del que difiere Asaja, que sitúa las ayudas en un 40% de la renta agraria. Andalucía hace hincapié en reclamar mecanismos eficaces de control de mercado para evitar los vaivenes de los precios y acabar con la incertidumbre de los agricultores y ganaderos. Propone precios de referencia que deben actualizarse, un observatorio europeo que haga seguimiento, impida la especulación de los mercados y que el valor añadido se reparta entre productores y consumidores.

También reclama que se mantenga la limitación de la producción en la cuota láctea y de azúcar y los derechos de plantación de viñedo. Y algo que ha sido caballo de batalla de organizaciones agrarias andaluzas como COAG: un control más efectivo de las importaciones. «Hay que impedir que importaciones como las de Marruecos, Turquía o Israel destruyan nuestros mercados. Importamos de países en que ni siquiera se respetan los derechos humanos y las garantías alimenticias», dice López.

La Administración andaluza ha presionado al Gobierno de España para que este demande a Bruselas que Andalucía pase a ser considerada región de transición cuando a partir de 2014 deje de ser de convergencia una vez que sus niveles de riqueza estén en la media europea. Este objetivo es primordial no solo para seguir recibiendo fondos estructurales sino también al desarrollo rural ( fondos Feader).

Hasta ahora programas como los de modernización de regadío u otros para proteger el medioambiente recibían una contribución pública del 85%, mientras el resto lo aportaba el agricultor. Las regiones que no son objetivo de convergencia solo reciben un 50%. Lo que propone Andalucía es que las regiones de transición se queden en un nivel intermedio, con el 75% de contribución pública.

«El sistema va a cambiar, eso está claro, y los cambios generan tensión, pero vamos a intentar minimizarlos. Perseguimos seguir avanzando hacia una agricultura moderna, competitiva y sostenible. Tenemos una capacidad agroalimentaria de primer nivel, mayor que en España y Europa. Por eso estamos muy pendientes de que toda la diversidad de Andalucía quede contemplada. No es fácil, por ello hay que ir unidos», resume Judit Anda.