Qué es (o era) el pacto fiscal

El pacto fiscal que Artur Mas puso sobre la mesa de Mariano Rajoy planteaba un nuevo modelo de financiación para Cataluña, similar al concierto económico vasco o navarro envidiado por los políticoscatalanes desde hace muchos años. Con todo, tenían diferencias.

En esencia, el sistema reclamaba plena soberanía fiscal para Cataluña, cuya Agencia Tributaria debería gestionar, recaudar, liquidar, revisar e inspeccionar todos los tributos soportados en Cataluña. En este caso la llave de la caja la tendría la Generalitat, a diferencia del concierto vasco, en el que la Hacienda pertenece a cada una de las tres diputaciones forales.

La Agencia Tributaria catalana sería además la única administración con responsabilidades fiscales en Cataluña y el Gobierno autonómico debería disponer de plena capacidad normativa y responsabilidad fiscal sobre todos los impuestos.

Una vez recaudados, el modelo de pacto fiscal establecía un cupo, en concepto de aportación al Estado por el coste de las competencias o los servicios que la administración central presta en la comunidad -defensa, policía, aeropuertos, puertos, fronteras...-.

Asimismo, el concierto catalán introducía una novedad respecto a los de Euskadi y Navarra, que recibía el nombre de cuota de solidaridad, una cantidad que Cataluña entregaría al Estado para que lo inviertiera en otras comunidades. La suma estaba por determinar, aunque exigía que una vez abonada, Cataluña no perdería posiciones en el ranking de comunidades en renta per cápita y señalaba que el déficit fiscal catalán, que se sitúa entre el 6,5 y el 8,7% de su PIB, nunca debería superar el que tienen otras regiones de la UE con características y PIB similar a Cataluña.

El documento no hablaba de cifras concretas, pero desde Cataluña siempre se pone como ejemplo el modelo alemán, cuyos 'landers' más ricos no superan el 4% de déficit fiscal. La propuesta establecía también que los recursos a la solidaridad se destinarían a los servicios básicos del estado del bienestar. Concluía que tanto el cupo como la aportación interterritorial deberían ser revisados quinquenalmente, como en el caso vasco y navarro.

Este nuevo modelo de financiación suponía que Cataluña tenía que salir del régimen común de las comunidades autónomas. El Gobierno de Mas entendía que para que ello fuera posible solo era preciso reformar la LOFCA sin tocar la Constitución.