Ruz termina la investigación sobre el 'chivatazo' a ETA

Punto final a más de seis años de investigación. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz dio ayer por concluida la instrucción del 'chivatazo', el presunto soplo policial al aparato de extorsión de ETA el 4 de mayo de 2006 en el bar 'Faisán' de Irún. El magistrado pidió al fiscal del caso, Carlos Bautista, y al resto de las partes personadas que le informen si archiva la causa, abre más diligencias o procesa a los tres imputados.

En particular, Ruz reclama a las partes que valoren si los indicios existentes en la causa son suficientes para sentar en el banquillo al ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, el exjefe superior de Policía en el País Vasco Enrique Pamies y el inspector José María Ballesteros. El juez, en su resolución, se tienta la ropa tras los reproches del pleno de la Sala de lo Penal, que el pasado noviembre le afeó que procesara a los imputados sin «agotar la investigación».

Ruz insiste que han sido «verificadas la totalidad de las diligencias en cumplimiento de lo dispuesto» por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional. El juez se refiere, sobre todo, al informe de conclusiones realizado por la Guardia Civil, cuerpo ajeno al soplo, y en el que el instituto armado coincide en que la delación habría sido obra de Pamies y Ballesteros.

Entre las nuevas diligencias practicadas por Ruz también está un nuevo interrogatorio a Joseba Elosúa, el dueño del bar 'Faisán' y la persona que supuestamente recibió el soplo.

La Fiscalía sostiene que fue Ballesteros quien, por orden de Pamies, se desplazó a Irún para entregar un móvil a Elosúa y que Pamies fue el que le comunicó la existencia de una operación policial contra los recaudadores del impuesto revolucionario. Todo ello para no entorpecer las negociaciones abiertas entonces por el Gobierno de Zapatero con ETA. El Ministerio Público sostiene, no obstante, que estos hechos no son constitutivos de colaboración con banda armada, sino solo de revelación de secretos, por lo que el tribunal competente sería el juzgado de Irún.