El fiscal avisa a la izquierda abertzale de que su legalidad es reversible

A solo veinte días de que empiece la campaña electoral vasca, el fiscal general advirtió a la izquierda abertzale de que su vuelta a la política podría no ser para siempre. Que la legalización de formaciones como Sortu, a la que citó expresamente, tiene vuelta atrás. Ante las más altas instituciones del Estado y en el momento más solemne del año para la judicatura, Eduardo Torres-Dulce anunció que se erigirá en «guardián inflexible» para que los partidos independentistas vascos no se conviertan en un «caballo de Troya» para la democracia.

En su primer discurso como máximo responsable del Ministerio Público durante la apertura del año judicial, Torres-Dulce quiso lanzar un claro aviso a los dirigentes de EH-Bildu: la Fiscalía estará vigilante a cualquier movimiento por si se vulneran las líneas rojas marcadas por la sentencia del Constitucional que en junio dio luz verde a la legalización de Sortu. «El padrinazgo que ETA pueda ejercer sobre ciertas organizaciones políticas debe corregirse, en su caso, con los instrumentos que nos brinda la Ley de Partido Políticos tan pronto revelen su verdadera naturaleza», planteó con crudeza.

A un mes de cumplirse el primer aniversario de la declaración de alto el fuego definitivo de ETA, Torres Dulce insistió en que su departamento será «guardián inflexible» de las condiciones impuestas por el Constitucional para «el mantenimiento en el ámbito de la legalidad de Sortu». Y a los «promotores» del partido les dijo que «no olviden que el ejercicio legítimo del derecho de asociación exige el respeto íntegro de los valores democráticos encarnados en nuestra Constitución y en el resto del ordenamiento jurídico».

Torres-Dulce advirtió a la izquierda abertzale de que un partido «no puede ser el caballo de Troya para traer la ruina y la devastación a la ciudad que hospitalariamente le acoge». Y más avisos a los radicales: «La Fiscalía no tolerará humillaciones a las víctimas del terrorismo, apología de sus verdugos o ensalzamiento de las actividades de éstos». «Tolerancia cero para con sus pupilos es la única respuesta que podemos dar a ETA», zanjó.

Regreso a las armas

Su discurso era la primera carga de profundidad contra ETA y su entorno, pero no la última. En el informe anual que el Ministerio Público entrega cada año al Rey, la Fiscalía avisó de que los terroristas pueden volver a tomar las pistolas. Según el departamento de Torres-Dulce el anuncio del cese definitivo de la lucha armada del 20 de octubre de 2011 «no tiene carácter irreversible», por lo que «resulta probable que si los acontecimientos futuros no siguieran el camino diseñado por ETA y el logro de sus objetivos estratégicos fuera percibido como algo inalcanzable, su dirección pudiera cambiar su actual estrategia y retornar a anteriores posiciones», señaló.

El informe recuerda que la banda no ha anunciado su intención de desaparecer definitivamente y que, en realidad, «intenta mantener de facto un tutelaje efectivo del proceso con la disolución definitiva como arma de chantaje». ETA, insiste la Fiscalía, «sigue condicionando» el cese definitivo de la actividad armada a «la amnistía y la salida de sus presos a la calle», al «logro de sus objetivos de territorialidad (anexión de Navarra)» y la «autodeterminación (independencia)». Esas reclamaciones, según el Ministerio Público, son «manifiestamente incompatibles con la legalidad». Y de ahí el temor a que vuelva a «la estrategia de violencia y terror».

El otro foco de preocupación de la Fiscalía es que, aunque la decisión de ETA de declarar el fin de la violencia está «asentada y asumida» por la gran mayoría de sus militantes, ese paso fue aprobado por un «reducido núcleo» de dirigentes y no es fruto de un proceso asambleario. Dentro de ese mundo, según la Fiscalía, hay una minoría disconforme con el fin de la violencia, tanto entre los propios activistas de ETA como entre sectores radicales situados «muy a la izquierda de la propia Batasuna», y que son ya un «importante foco» de atención para las fuerzas de seguridad del Estado.