El juez ordena vigilar que Bolinaga cumple las condiciones de la libertad

El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha ordenado a la Ertzaintza y a la Guardia Civil vigilar que Josu Uribetxebarria Bolinaga cumple las condiciones impuestas para la libertad condicional. El magistrado José Luis Castro, a instancias de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, remitió sendos escritos a ambos cuerpos de seguridad para que no relajen el control de las medidas de control impuestas al secuestrador de José Antonio Ortega Lara.

Uribetxebarria Bolinaga no podrá abandonar sin permiso del juez la localidad que escoja para residir una vez que reciba el alta en el hospital Donostia de San Sebastián, donde es tratado de un cáncer de riñón. Tiene prohibido acercarse al domicilio de sus víctimas y de sus familiares; tampoco puede participar actos públicos en los que se enaltezca el terrorismo ni hacer declaraciones de apoyo a ETA o que denigren a las víctimas del terrorismo.

Está obligado asimismo de presentarse todos los meses en la cárcel donostiarra de Martutene y de informar a los servicios sociales de ese centro penitenciario de las novedades que surjan en su tratamiento médico.

La excarcelación de Uribetxebarria, entretanto, sigue siendo motivo de controversia. El juez de la sección primera de la Sala de lo Penal que votó en contra de la puesta en libertad, Nicolás Poveda, señaló en La Voz de Almería que la discrepancia con sus cuatro compañeros estuvo en la valoración de los informes médicos. A su juicio, el etarra podía recibir tratamiento en prisión y no estaba en fase terminal. «Ellos los estiman (los informes) de una manera y yo de otra», comentó.

Sin presión

Poveda aseguró que no recibió presión de ningún tipo para rechazar la excarcelación ni tampoco sus compañeros favorables a la puesta en libertad. «Bajo ningún concepto ha habido ese tipo de presiones», aseguró en el rotativo. Otro que discrepó con el juez de la Audiencia Nacional fue el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, quien consideró «fundada» la decisión de la Sala de lo Penal ya que el caso fue «muy matizado y discutido» por los cinco magistrados.

Defendió, no obstante, el derecho de las víctimas del terrorismo a estar en desacuerdo porque «se han visto afectadas en algo tan hondo como la muerte de un familiar». Moliner, de visita en Valencia, señaló que es comprensible que las víctimas no acepten la resolución judicial pese a que se haya adoptado «con arreglo a las leyes».

También la presidenta de la Audiencia Provincial de Madrid, Ana Ferrer, consideró que la resolución del caso de Uribetxebarria Bolinaga fue «impecable». Señaló que aunque el crimen cometido por el preso sea «bárbaro» el Estado de Derecho garantiza que tenga «una muerte digna si sufre una enfermedad incurable». Ferrer precisó además que el caso del miembro de ETA no es excepcional porque en la Audiencia Nacional se acuerdan excarcelaciones de reclusos enfermos terminales «muchas veces».