El Gobierno aplica nuevos impuestos a las eléctricas para obtener 2.700 millones al año

El Gobierno aprobó aplicar media docena de impuestos a las compañías de generación eléctrica que usan todo tipo de tecnologías, con el propósito de recaudar unos 2.700 millones anuales y reducir a cero el déficit de tarifa el próximo año. La pugna entre los ministerios de Hacienda e Industria se ha solventado con el establecimiento de un gravamen único del 6%, calculado sobre la cifra que facturan las empresas, lo que incluye las primas a las renovables. Pero la batería de tributos afecta adicionalmente a las gasistas mediante el 'céntimo verde', a las nucleares a través de los residuos y el almacenamiento, a las hidráulicas por el uso que hacen de los recursos hídricos, y también a las renovables, en las que se penaliza la utilización de combustibles fósiles.

Los inversores en Bolsa celebraron la decisión, por entender que evita la incertidumbre regulatoria. De las eléctricas tradicionales, Gas Natural Fenosa repuntó el 5,41%, Iberdrola avanzó un 4,53%, y Endesa el 2,57%. Pero también Acciona, con intereses en eólica y termosolar, entre otras tecnologías renovables, se disparó un 7,1%,mientras que Abengoa se revalorizó el 2,87%.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, explicó que la reforma pretende detener la galopante escalada de un déficit de tarifa -diferencia entre los costes reconocidos al sector y los ingresos que las empresas obtienen- que asciende a 24.000 millones y que hubiera seguido creciendo al ritmo de 5.000 millones por ejercicio. Si se hubiera repercutido exclusivamente en los consumidores, apostilló la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaria, habría sido necesario subir el recibo de la luz en una media del 43%. Para aliviar la diferencia se contará con la nueva tributación y el Tesoro se hará cargo de la amortización e intereses de la factura acumulada, por importe de unos 2.066 millones. También se sumarán los 450 millones adicionales procedentes de la venta de los derechos de emisiones de CO2.

Los consumidores en régimen de tarifa, que ya han soportado este año sendas subidas del 7% en abril y del 4% en julio, pueden librarse de cargar con el grueso del déficit acumulado, pero tendrán que hacer frente a futuros cambios. El Gobierno pretende que la tarifa evolucione exclusivamente en función del coste de la energía, lo que no significa necesariamente una ventaja. Con el sistema en vigor, el precio de la electricidad para los clientes en régimen de tarifa viene determinado, al cincuenta por ciento, por el resultado de la subasta trimestral a la que acuden los comercializadores a comprar la energía, y por los llamados 'peajes de acceso' o parte regulada, una variación decidida por el Ejecutivo. Ha sido frecuente que, cuando se disparaba el precio en la subasta, Industria optara por congelar o rebajar los peajes. Ante el recurso de las eléctricas, varias sentencias del Supremo condenaron esta práctica. El usuario queda expuesto a la variación de un mercado cuyo funcionamiento, según la Comisión Nacional de la Energía (CNE), dista de ser perfecto.

Adiós a la TUR

Industria prepara, como otra pata de la reforma, la limitación del segmento de consumidores que ahora puede acogerse a la tarifa de último recurso (TUR), hasta dejar el umbral en la mitad. El límite vigente está en una potencia contratada inferior a 10 KW, segmento en el que se encuentran 24 millones de usuarios, la inmensa mayoría de los usuarios domésticos. Salir al mercado libre puede ser ventajoso al principio, porque las compañías intentan atraer clientes con ofertas, muchas veces combinadas, de electricidad y gas. La CNE calculó en junio que negociar la tarifa puede suponer, de media, un ahorro anual de unos 23 euros. Pero después hay que enfrentarse al suministrador con escasa capacidad negociadora.

Fuentes del sector han criticado con dureza el planteamiento. Para las eléctricas tradicionales, el Gobierno «hace política recaudatoria, no energética». La asociación empresarial Unesa censura que el impacto de los impuestos para estas instalaciones tradicionales sea de aproximadamente 1.800 millones. Calcula que los impuestos son mayores que el beneficio neto total de estas instalaciones, 900 millones en 2011, mientras que el recargo en el régimen especial se limita a 700 millones. Entre las renovables, sin embargo, la fotovoltaica estima que tributar un 6% sobre ventas «deja fuera del umbral de rentabilidad» a sus plantas, al elevar la carga fiscal al 36% de la facturación.