El Congreso da vía libre al fondo de rescate autonómico

El último escollo legal para la puesta en marcha del fondo de rescate de las autonomías con problemas financieros ya ha sido superado. El Congreso dio ayer luz verde a la reforma de la ley de estabilidad presupuestaria en la que se introducen elementos para «intensificar la disciplina fiscal y financiera de las administraciones territoriales» y se «refuerzan las garantías para atender sus vencimientos de deuda» a cambio de la asistencia del Estado.

La modificación tan solo contó con los votos a favor del PP y fue duramente criticada por los partidos de la oposición, incluida Convergència i Unió, que como partido de Gobierno en Cataluña tendrá que gestionar la petición de ayuda de la Generalitat, una ayuda que en principio superará los 5.000 millones de euros. Entre sus quejas, la ya conocida de que el Estado es excesivamente exigente con las comunidades, con las que no ha querido compartir el punto extra de déficit que Bruselas le concedió a principios de verano. El Fondo de Liquidez Autonómica, que estará dotado inicialmente con 18.000 millones de euros, se sufragará con un préstamo de 6.000 millones de Loterías del Estado, con otro de varias entidades de crédito por valor de 8.000 millones y con 4.000 millones del Tesoro. Entre los bancos con los que se ha llegado a este acuerdo se encuentran el Santander, BBVA, La Caixa y Banco Sabadell, que aportarán 1.600 millones cada uno, y Popular y Bankia, 800 millones cada uno.

Si todo transcurre según lo previsto, este instrumento estará activo a finales de mes o principios de octubre. Y ya hay cola. De hecho, varias autonomías han anticipado su deseo de percibir una asistencia que ya equivale a más de la mitad de lo dispuesto. Además de Cataluña, la Comunidad Valenciana prevé necesitar alrededor de 4.500 millones y Murcia cerca de 650 millones. A eso se une el hecho de que Andalucía haya dejado claro que tampoco le dolerán prendas si tiene que solicitar asistencia, aunque el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, matizó que lo hará siempre y cuando se dé a unos tipos y plazos aceptables, y no se impongan condiciones políticas. Algo, esto último, muy discutible.

El PSOE ha sido, de hecho, hasta ahora uno de las formaciones más críticas con la articulación del nuevo fondo. Su portavoz en la comisión de Hacienda, Pedro Saura, acusó al Gobierno de aprovechar su aplicación para desmantelar el estado autonómico y el estado del bienestar. «Como su política económica no genera credibilidad, Rajoy trata a los españoles peor que Angela Merkel», reprochó.