Pagamos todos

Educación y Sanidad son dos de las grandes competencias que las autonomías tienen transferidas en España por parte del gobierno central. Las decisiones -para bien o para mal-, en ambas áreas fundamentales para el estado del bienestar, corresponden a los gobiernos autonómicos, bajo la lupa obviamente de los ministerios desde Madrid. En Andalucía, y por ende en la provincia de Cádiz, la Junta está evidenciando que tanto la Sanidad como la Educación están dando pasos hacia atrás que las están llevando a situaciones que hace lustros que no se vivían. Ayer quedó patente en el inicio del curso escolar. Hasta hace bien poco, la Junta presumía de su política educativa, basada en una enseñanza pública igual para todos. Algo que, pese a su esfuerzo por 'vender', nunca consiguió. La prueba más evidente es la problemática que año tras año, se da con la falsificación de datos en las matriculaciones. Padres que prefieren colegios concertados y tratan de conseguir una plaza equivocando el camino, pero dejando claro que un elevado número de ciudadanos prefiere los colegios concertados a los públicos. Lo llamativo del asunto es que la Consejería de Educación siempre negó esta opción a estos padres argumentando que no se podía aumentar la ratio de 25 alumnos por clase. Sin embargo, ahora que hay que recortar, ya no importa. Menos profesores y más alumnos por aula. Aunque, según ellos mismos, se les perjudique.

Otro de sus grandes 'logros' fue regalar un ordenador personal a cada alumno. Ya en tiempos de bonanza se veía que era un derroche innecesario, pero argumentaron supuestos beneficios para los alumnos. Beneficios que ahora les niegan. Salta a la vista, pues, que los responsables de la educación de los niños andaluces han errado sistemáticamente en sus decisiones. Y los que pagan los platos rotos no son solo los profesores. Son también los niños. O sea, los pagamos todos.