El Gobierno evita apoyar a la Fiscalía en el recurso contra Bolinaga

El Gobierno ni apoya el recurso de la Fiscalía contra la excarcelación del miembro de ETA Josu Uribetxebarria Bolinaga ni respalda la decisión del juez de ponerlo en libertad. Estricta equidistancia y «máximo respeto» a las decisiones judiciales, en palabras de Soraya Sáenz de Santamaría. Una postura diferente de la mantenida esta semana por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien secundó de forma rotunda la impugnación del Ministerio Público para que el secuestrador de José Manuel Ortega Lara, enfermo de cáncer, siga en prisión.

La vicepresidenta afirmó que el Gobierno respetará y acatará la decisión que tome la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sea cual sea respecto a Uribetxebarria. Resolución que no parece que se vaya a demorar mucho. El presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, preguntó ayer a los otros 17 magistrados de ese órgano si consideran que debe ser el pleno el encargado de debatir la excarcelación. Una consulta que tiene su calado porque en caso de que sea la sección primera la que estudie la impugnación es muy factible, en opinión de diferentes fuentes, que la rechace dado el talante progresista de la mayoría de sus miembros. En cambio si es el pleno de lo Penal la decisión es mucho más difícil de prever por la diversidad de sus miembros.

Los magistrados tendrán que contestar al presidente en un plazo de 24 horas a contar desde el lunes. En caso de que se reúna una mayoría de diez, según marca el reglamento, será el pleno el que revise el caso en la sesión convocada el jueves. De lo contrario, será la sección primera de la Sala de lo Penal la encargada de estudiar la libertad del preso «de manera inmediata».

Este último tribunal está formado por cinco magistrados y lo preside el propio Grande-Marlaska. Los otros jueces son Ramón Sáez, Javier Martínez Lázaro y Nicolás Poveda, que será el ponente. El quinto miembro es Manuela Fernández Prado, pero en la actualidad dispone de una licencia por estudios y no podría participar en las deliberaciones. Por lo tanto habría que elegir por sorteo a su sustituto entre el resto de los compañeros de la Sala de lo Penal.

La vicepresidenta, tras la reunión del Consejo de Ministros, eludió tomar partido por ninguna de las partes. «Nuestro máximo respeto tanto al juez como a la Fiscalía», subrayó. Marcó así distancias con el respaldo de Gallardón al Ministerio Público. El ministro hizo suyos los argumentos de la Fiscalía para oponerse a la excarcelación del miembro de ETA, y destacó que la exclusión del fiscal del desplazamiento a San Sebastián era «algo más» que un simple error de procedimiento.

Sáenz de Santamaría exteriorizó hace tres semanas el apoyo del Gobierno a la decisión de Instituciones Penitenciarias de otorgar el tercer grado penitenciario al secuestrador de Ortega Lara, aquejado de un cáncer de riñón terminal, según los informes de los oncólogos del hospital Donostia de San Sebastián, diagnóstico que no compartió la forense de la Audiencia Nacional. Discrepancia que motivó que el juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro se desplazara a la capital guipuzcoana para visitar al enfermo y a su equipo médico. A raíz de esa diligencia ordenó la libertad condicional de Uribetxebarria.

«Con arreglo a la ley»

La portavoz soslayó también hacer comentarios sobre los efectos que puede tener entre el electorado del PP en las próximas elecciones vascas y gallegas la polémica abierta entre los dirigentes de su partido por la concesión del tercer grado al preso de ETA. El Ejecutivo, dijo, toma las decisiones «con arreglo a la ley» y sin pensar en si beneficia a este o aquel partido. Justificó asimismo su negativa a valorar las consecuencias políticas porque ella habla «en nombre del Gobierno, no en nombre de ningún partido».

La sutileza con que la número dos del Gobierno se diferenció del criterio de Gallardón y evitó comentar los daños políticos colaterales de conceder a Uribetxebarria el tercer grado no fue tal en la respuesta que dio al comunicado de los presos de ETA. Aseguró que el Ejecutivo «no va a cambiar» su política penitenciaria por más que los reclusos de la organización terrorista exijan modificaciones. «No se negocia nada, no se pacta nada, no se cede a nada por el hecho de que dejen de ser terroristas», sostuvo con rotundidad y agregó: «ETA solo tiene el fin de disolverse de manera incondicional».

Sáenz de Santamaría rechazó además que se busquen paralelismos entre el proceso de negociación abierto en Colombia entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. «ETA y las FARC -subrayó- no tiene nada que ver y hacer un paralelismo es no conocer la realidad». La vicepresidenta, no obstante, deseó «éxito» a las autoridades colombianas en un proceso «muy difícil», pero en el que podrán contar siempre con «el apoyo» de España.