La Seguridad Social echa mano de las reservas para abonar las pensiones

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, volvió a sugerir la posibilidad de tener que echar mano del Fondo de Reserva para abonar las pensiones. Burgos aseguró ayer que el Gobierno «cumplirá sus compromisos en materia de pensiones» y, para ello, utilizará todos los sistemas, incluido el recurso a la 'hucha de las pensiones', que en la actualidad acumula alrededor de 67.000 millones de euros. En junio, el responsable de la Seguridad Social ya advirtió ante la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo de la posibilidad de tener «tensiones de liquidez» en el mes de julio para pagar la extra a los pensionistas y que, de ser así, podría tener que acudir al Fondo de Reserva.

Finalmente la Seguridad Social ha recurrido al Fondo de Prevención y Rehabilitación, nutrido con los excedentes de las mutuas, y no al Fondo de Reserva para obtener más dinero este verano. En julio, el Gobierno aprobó dos resoluciones para que la Seguridad Social tuviera a su disposición 4.400 millones de euros de los excedentes de las mutuas, un camino que llevaba preparando desde el mes de mayo. En estos momentos, en ese fondo quedan alrededor de 400 millones, aunque sigue ingresando mes a mes -en el último mes recibió 130 millones-. Por lo tanto, si fueran necesarios más recursos, no quedaría más remedio que acudir al Fondo de Reserva. Aunque para el secretario de Estado no es un «aspecto relevante» si se recurre o no a esta hucha, sería la primera vez que se hiciera desde que se creó el Fondo de Reserva en 1996.

La Seguridad Social tiene que acabar este ejercicio en equilibrio tras haber cerrado el año pasado por primera vez con déficit. Pero la destrucción de empleo ha reducido la afiliación al sistema. En agosto, descendió en 136.762 personas, lo que sitúa la cifra global de afiliados en 16.895.977. Eso significa que en un año ha caído en 604.541 trabajadores. En agosto, el Régimen General bajó en 103.799 personas y se queda en 13.771.654 afiliados. Los aumentos más significativos se registraron en Hostelería, con 10.744 afiliados más; y Sanidad y Servicios Sociales, con 10.116. Por el contrario, Educación perdió 44.585 afiliados; Construcción, 24.966; y la Industria Manufacturera, 24.225. En opinión del secretario de Estado, el descenso de la afiliación «no supone una variación significativa respecto a los comportamientos históricamente presentados en el mes de agosto». Burgos aseguró que el Gobierno «nunca espera un agosto positivo» por ser un mes en el que finalizan muchos contratos de carácter estacional, aunque este caso el comportamiento ha sido «coherente con la serie histórica» y «levemente mejor» que la media de los últimos años.

Y mientras la afiliación baja, el coste de las pensiones sube: en agosto se elevó a 7.429 millones de euros, un 4,3% más que en el mismo mes del año pasado. A esto se añade que la desviación de la inflación que se está registrando incrementará el coste presupuestario para compensar a los pensionistas. Según explicó Tomás Burgos, por cada décima que se desvíe la inflación respecto a la previsión son 200 millones de euros más (100 por la paga complementaria de este año y 100 que consolidan). Con una inflación que en estos momentos está en el 2,7% cuando la previsión era del 1%, el sobrecoste se acercaría a los 4.000 millones de euros, la mitad con cargo a este año y la otra mitad en 2013. Pero todo dependerá del IPC de noviembre, que es cuando se revisa. No obstante, Burgos señaló que el sistema «está preparado».

Cambios en la jubilación

Además de usar todos los mecanismos a su alcance para abonar con normalidad las pensiones, el secretario de Estado de la Seguridad Social confirmó que el Gobierno va a «limitar» la jubilación anticipada y la jubilación parcial. En octubre enviará a la Comisión del Pacto de Toledo las medidas para conseguir un «retraso efectivo» de la edad de jubilación mediante restricciones para el retiro anticipado. En estos momentos, se puede obtener la jubilación anticipada en determinadas condiciones a los 61 años, y de forma general, a los 63 años.

Sin embargo, el Gobierno no prevé, según Burgos, acelerar la entrada en vigor del retraso en la edad de jubilación a los 67 años que, según la reforma aprobada, será efectiva en 2027. Lo que sí presentará en las próximas semanas al Pacto de Toledo es el informe para definir y aplicar el «factor de sostenibilidad» en el sistema de pensiones que obliga a partir de 2027 a revisar el modelo de pensiones cada cinco años para adecuarlo a la esperanza de vida.