Estudian reducir los aranceles registrales para los contratos de alquiler

El Gobierno se plantea reducir los aranceles registrales para inscribir los contratos de alquiler en el Registro de la Propiedad o adecuar esas tasas a «las especiales características de los contratos de arrendamiento», según explica en la Memoria Económica que acompaña al proyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas que ayer remitió al Congreso.

El proyecto de ley establece que solo los contratos de alquiler inscritos en el Registro de la Propiedad surtirán efectos frente a terceros, por ejemplo para que el adquiriente de una vivienda arrendada quede subrogado en los derechos y obligaciones del casero durante los años de vigencia del contrato de alquiler. Pero para eso es obligación del inquilino registrar el contrato y asumir los gastos que ocasione la escritura del contrato y los derechos arancelarios de los registradores. Este aumento de la carga jurídica y del coste económico que tendrán que soportar los arrendatarios ha sido criticado tanto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como por el Consejo Económico y Social (CES) en las observaciones remitidas al Gobierno. El CGPJ recomienda que se establezcan «unos aranceles reducidos o bonificados a fin de que el acceso al registro de los arrendamiento represente una carga liviana para los inquilinos».

Inscripción obligatoria

El CES pide que la inscripción sea obligatoria y no se deje «al albur de las partes del contrato» pero que se reduzcan las cargas. El proyecto de ley que reforma el alquiler ha sido criticado porque refuerza la posición del arrendador frente al inquilino. El CES alerta de que dejar al pacto entre las partes los criterios para revisar la renta «profundizará el desequilibrio» y aconseja que se mantenga el IPC como referencia para actualizar el alquiler.

Según la portavoz de Vivienda del grupo parlamentario socialista, Leire Iglesias, solo hay una medida nueva que beneficia al arrendatario y consiste en la posibilidad de marcharse del piso avisando con un mes de antelación. No obstante, advierte Iglesias, la norma contempla la posibilidad de que se imponga una indemnización por marcharse si así se acuerda en el contrato. La portavoz socialista señala que comparten el objetivo de flexibilizar el mercado de alquiler de vivienda pero que «cuando se están produciendo 517 desahucios diarios no puede ser que la medida estrella del proyecto consista en agilizar los desahucios».