Sumergidos

No hace falta ser un lince para toparse con una lotera en algunos barrios muy conocidos de la capital gaditana. Señoras que en la puerta de su casa, venden «numeritos» para un sorteo que calla cuando Hacienda pregunta por él. No en vano, la provincia de Cádiz lidera este tipo de actividades que escapan del control tributario en Andalucía. La Policía Autonómica, en un informe que detalla este periódico en su edición de hoy, confirma que en esta provincia se incoan más expedientes sancionadores por la venta de boletos ilegales que en toda la comunidad autónoma.

Pensar en una pobre señora, que solo cuentan con los ingresos que obtiene de las ventas que realiza a familiares y amigos, nos acerca a la lástima y a llegar a comprender que se lance a esta actividad, aunque sea haciendo trampas al Estado. No es ninguna criminal, por supuesto, y para algunos forma parte incluso de la idiosincrasia de algunas casapuertas. Pero los juegos ilegales no han nacido al calor de una depresión económica y como alternativa a un mercado laboral sin apenas oportunidades. Las loteras y bingueras -recurriendo al femenino genérico porque es más frecuente la presencia de ellas que de ellos- llevan años llevando un sobresueldo a sus casas de esta forma; percibiendo beneficios sin que el fisco se enterara. Las consecuencias de sus acciones son nimias si se comparan con la pésima gestión que políticos y banqueros han realizado en algunas entidades bancarias, empujando a este país hacia el precipicio colectivo.

Pero sí es cierto que estos juegos ilegales son una representación más de la economía sumergida que también ha impedido que en época de bonanza, el Estado hubiera recaudado más y, por tanto, la caja común presentara un aspecto envidiable cuando le llegó la hora de vaciar sus caudales.

También es sintomático de esa cultura de la picaresca, de pedir al Estado con una mano, mientras con la otra se juega a trileros. Cuando miramos con envidia a países del norte de Europa, también debemos admirar esa conciencia común que repudia al defraudador de Hacienda y lo señala con el dedo por insolidario, por quedarse para sí, lo que debería invertirse en todos.