Las víctimas dan plantón al Gobierno por la liberación «política» de Bolinaga

Preocupado por el ruido que iba a generar la libertad condicional del preso etarra Josu Uribetxebarria Bolinaga, acordada el jueves por la Audiencia Nacional por «razones humanitarias», el ministro del Interior levantó a primera hora de ayer el teléfono para aclarar a las víctimas del terrorismo las razones de su excarcelación, que vino precedida de la concesión del tercer grado por parte de Instituciones Penitenciarias.

A Jorge Fernández Díaz le urgía suavizar el enfado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y desactivar sus protestas por cárceles de toda España y las amenazas de huelgas de hambre de sus afiliados. Por ello, propuso a la presidenta, Ángeles Pedraza, una reunión urgente en su despacho.

El ministro quería aprovechar que la directiva de la AVT tenía previsto entregarle ayer una carta en la sede de Interior, con la que expresaban su «rechazo total, dolor e indignación» por la libertad de Bolinaga, para dar un golpe de efecto y mantener un encuentro. Pero la respuesta de Pedraza tras escuchar la oferta fue rotunda: «No».

«Se ha puesto en contacto conmigo. Quería que hoy (por ayer) nos reuniéramos y yo le he dicho que solo queríamos entregar lo que sentíamos. Entonces él quería que el mismo lunes tuviéramos la reunión y yo le he dicho que a lo largo de la semana que viene veríamos lo que hacemos», reveló Pedraza en la puerta principal del ministerio tras entregar la misiva al jefe de gabinete de Fernández Díaz.

La presidenta de la AVT, que cuenta con unos 4.000 afiliados, matizó que este desencuentro con el ministro no significa una ruptura total. «No damos por roto el diálogo», afirmó. Y explicó que su colectivo se mantendrá firme en sus reivindicaciones en política antiterrorista y avanzó que pedirá que se modifique la legislación para evitar que se repitan acercamientos carcelarios como el de Bolinaga, que fue trasladado de León a Álava y posteriormente ingresado en el hospital Donostia de San Sebastián por el agravamiento de su cáncer.

Para las víctimas estos movimientos y la concesión del tercer grado carcelario -régimen de semilibertad- por parte de Interior fueron posturas «erróneas», mientras que su posterior excarcelación es una decisión «política», ya que existían informes suficientes para mantenerle en prisión, en referencia a la postura de la Fiscalía y la clínica forense de la Audiencia Nacional.

Recurso «complejo»

Precisamente, la Fiscalía del tribunal ya estudia el auto del juez central de vigilancia penitenciaria, José Luis Castro, para decidir si lo recurre. El fiscal Pedro Rubira, el mismo que se opuso a que Bolinaga saliera de prisión, analiza «con detenimiento» los argumentos jurídicos del magistrado y fuentes de su departamento reconocieron ayer que la resolución es «compleja».

El fiscal tiene de plazo para recurrir hasta el próximo jueves, aunque es probable que adopte una decisión definitiva el lunes o el martes, apuntaron las mismas fuentes. En caso de apelar la excarcelación sería la sección primera de la Sala de lo Penal la encargada de resolver. Este tribunal está formado por cinco magistrados y lo preside Fernando Grande-Marlaska.

Si el Ministerio Público da el paso y recurre el auto, tal y como le reclaman las víctimas del terrorismo, la puesta en libertad del secuestrador de José Antonio Ortega Lara se mantendría paralizada hasta que la sala resolviese. Esto alargaría el proceso algunas semanas más, con el «riesgo político» de colarse en la precampaña de las elecciones vascas del 21 de octubre y usarse como «arma arrojadiza» por parte de los partidos políticos, afirmaron fuentes jurídicas.

Quienes ya han presentado un escrito ante el juzgado de vigilancia penitenciaria son los abogados de Bolinaga. Piden al magistrado que ejecute de forma inmediata la libertad condicional y le conceda el 'habeas corpus', al considerar que se encuentra detenido «ilegalmente», según señaló una de sus letradas, Arantza Aparicio. La petición, no obstante, tiene pocos visos de prosperar, ya que la ley Orgánica del Poder Judicial es muy explícita en este punto: «La resolución no será ejecutiva hasta que gane firmeza».

Por otra parte, el juez Javier Gómez Bermúdez autorizó ayer la marcha convocada hoy en San Sebastián en favor de Bolinaga, al tener en cuenta la libertad condicional.