La reforma de los 100.000 millones

La reforma bancaria que exigen los socios europeos para aportar 100.000 millones de ayuda al saneamiento del sector fue aprobada ayer por el Consejo de Ministros. El real decreto podrá sufrir algún cambio puesto que se tramitará como ley en el Parlamento, pero serán mínimos, porque Bruselas ya ha dado el visto bueno al texto. El comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, saludó su aprobación: «La recuperación de la economía española pasa por un sector bancario sano, bien regulado y eficazmente supervisado».

Quedan importantes cuestiones por concretar, como el descuento que se aplicará a los activos inmobiliarios que las entidades receptoras de ayudas traspasarán al 'banco malo'. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, insistió en que la radical transformación del sector «no debe costar un euro a los contribuyentes».

Las entidades financieras tendrán que esforzarse para alcanzar altos niveles de solvencia, con un capital principal del 9% a partir del 1 de enero de 2013. Las que no lo consigan podrán acudir a diversos niveles de auxilio, desde un régimen de asistencia temprana hasta un proceso de reestructuración. En los casos en que la viabilidad futura es más que cuestionable, la resolución o liquidación se hará en dos partes. Por un lado se creará un 'banco puente', que se hará cargo de los activos sanos y que se sacará posteriormente a subasta para venderlo al mejor postor. Por otro, los activos tóxicos, principalmente los relacionados con el ladrillo, irán a parar a un 'banco malo', que dispondrá de un plazo de hasta quince años para colocarlos en el mercado.

El decreto de reforma financiera aborda otras muchas cuestiones, que van desde una rebaja adicional de los sueldos de los directivos de las entidades que reciban ayudas hasta un nuevo reparto de poderes entre las instituciones supervisoras y reguladoras. La reforma -según De Guindos- persigue recuperar el flujo del crédito a empresas y familias, dinamizar el mercado inmobiliario mediante la puesta en venta, a precios razonables, del abultado stock de pisos que posee el sector financiero, y también de mejorar la protección de los clientes, reservando las inversiones en productos complejos para el segmento de profesionales.

En el primer estadio de las dificultades, a las entidades que puedan ser viables por sus propios medios se les aportará una ayuda excepcional y transitoria a través de bonos convertibles en acciones -los bautizados como 'cocos'- que tendrán que devolver en dos años. Los bancos viables e incluso rentables que no logren cumplir los requerimientos de capital pero en los que se perciba la capacidad de devolver los recursos prestados, se someterán a un programa de reestructuración. La resolución ordenada de un banco se llevará a cabo cuando la entidad no pueda cumplir las exigencias de solvencia, su pasivo supere «con mucho» al activo y no se aprecien expectativas de mejora.

Siguiendo este modelo, los activos de mejor calidad irán al 'banco puente', destinado a la venta al mejor postor y en el mínimo plazo. Los créditos morosos o sospechosos de impago, los inmuebles adjudicados y similares se destinarán al 'banco malo', oficialmente conocido como sociedad de gestión de activos.

En la puesta en marcha del 'banco malo' quedan muchas incógnitas por desvelar. De los 180.000 millones de activos 'tóxicos' no se sabe qué cuantía ingresará en la sociedad. Está claro que el FROB puede obligar a las entidades que reciban ayudas a transferir los activos problemáticos, pero será un reglamento, a publicar en octubre, el que determine desde la modalidad concreta de las propiedades que se traspasan hasta el muy importante precio de tranferencia. De Guindos aseguró que este precio «será el adecuado» para que la sociedad no genere pérdidas a lo largo de su vida.

Bruselas ha impuesto a España que los accionistas de los bancos receptores de ayudas públicas tengan que asumir una parte de los costes de la operación de salvamento. Por eso el canje de preferentes o deuda subordinada de entidades rescatadas por otros instrumentos de capital o por dinero en efectivo se realizará con perjuicio para el inversor, ya que el Gobierno obligará a valorar estos títulos a precios de mercado con una prima máxima del 10% respecto al nominal. Para muchos ahorradores que adquirieron estos títulos sin conocer en detalle sus características, este procedimiento puede suponer una pérdida de entre el 70% y el 90%.