El militar que se hizo de oro con el cobre

La investigación realizada por el equipo de delitos contra el patrimonio de la Guardia Civil de Cádiz en torno a las andanzas de un militar destinado en la Base Naval de Rota ha sacado a la luz no solo su presunta autoría en el robo de 12.000 kilos de cable de cobre de las instalaciones militares. Las pesquisas han recabado pruebas del negocio paralelo que había montado Francisco Javier B. C. con la venta de un metal cuyo precio se ha disparado en los últimos años.

Como ya informara este medio en su edición de ayer, los agentes de la Benemérita habían registrado la vivienda del cabo primero de la Armada, ubicada en El Marquesado (Chiclana), el jueves por la mañana. Se encontraron con un chalé equipado con piscina, jacuzzi y todo tipo de lujos. En el interior de la parcela había además un coche de gama alta, valorado en 40.000 euros, que ha sido intervenido. La Guardia Civil confirmaba así que el cabo primero tenía «un altísimo nivel de vida», indicaban ayer fuentes de la Comandancia de Cádiz, que no se corresponde con los ingresos declarados.

Esas evidencias se completaban con la documentación que habían recabado los investigadores en las distintas chatarrerías que habían visitado en busca del cobre que había sido robado en la Base -dos carretes de cable de 150 metros de longitud cada uno-. Así corroboraron que Francisco Javier B. C., de 38 años, llevaba vendiendo cobre desde 2008; cuatro años antes del palo cometido el 14 de agosto en las instalaciones militares.

El juzgado Togado Militar nº 22 de San Fernando interrogó el jueves a los cinco implicados y ordenó el ingreso en prisión del militar y la puesta en libertad con cargos de los otros cuatro implicados. Este periódico pudo confirmar ayer la identidad de estas cuatro personas: M. N. D., de 41 años y su hermano T. N. D., de 34; M. J. B. N., de 27 y J. M. D. R., de 37. Todos son vecinos del principal imputado y según confirmaron fuentes de la Guardia Civil no solo se encargaban presuntamente de ayudar al militar a vender la mercancía, al ser las personas que constaban en los recibos de las chatarrerías. También se dedicaban a «pelar los cables» para extraer el metal y venderlo posteriormente en los centros de reciclaje.

Los primeros datos sobre esta investigación publicados ayer no despejaban una incógnita: ¿cómo habían logrado burlar los controles de seguridad de la Base Naval para sacar dos bobinas de cable de importantes dimensiones? Francisco Javier B. C. estaba destinado en el Servicio de Mantenimiento de los muelles y como especialista en electricidad tenía fácil acceso al cable de cobre. Se ayudó de un camionero para que transportara la mercancía hasta una chatarrería de Chiclana. Los agentes identificaron primero el transporte para dar luego con la persona que había solicitado ese servicio. Así llegaron hasta el militar.

200.000 euros de beneficios

La investigación sigue abierta para saber la procedencia del cobre que vendió desde 2008 y que le supusieron unos ingresos, según los investigadores, de 166.000 euros. A esa cantidad hay que sumarle el dinero que obtuvo con la venta de los cables de la Base Naval. Tampoco se descarta que las instalaciones militares hubieran sufrido otras sustracciones anteriores, que pudieron pasar desapercibidas.

Las pesquisas no solo se centran en identificar a otros posibles colaboradores que pudieron ayudar al militar en las ventas que efectuó entre 2008 y el pasado 14 de agosto y desarticular así una banda organizada; los especialistas de la Policía Judicial en blanqueo de capitales están realizando un estudio sobre el patrimonio del cabo primero y su esposa, con el fin de que puedan responder en caso de condena.

Aunque buena parte del material que había sido sustraído de la Base ha terminado en Barcelona, ayer al mediodía los agentes recuperaban unos 6.000 kilos en una planta de reciclaje de Jerez.