Mato defiende la exclusión de los 'sin papeles' de Sanidad

La batalla por la exclusión de diversos colectivos, como los inmigrantes irregulares, del Sistema Nacional de Salud a partir de pasado mañana, volvió a enfrentar ayer al Gobierno con las comunidades autónomas gobernadas por los socialistas.

La ministra de Sanidad, Ana Mato, aseguró ayer durante el consejo informal celebrado en Valladolid que «nadie quedará desatendido» con la nueva normativa. Sin embargo, Mato defendió que aquellos que pierdan la tarjeta de sanitaria deberán pagar por la asistencia. En su opinión los colectivos más débiles, como los menores y las embarazadas, serán atendidas. También recordó que los inmigrantes 'sin papeles' que sufran una enfermedad crónica mantendrán un seguimiento de sus tratamientos. La ministra quiso tranquilizar a los ciudadanos y criticó a quienes anuncian el riesgo sanitario que supone la exclusión de algunos colectivos: «La prevención y el control de enfermedades transmisibles está garantizado».

Además, Mato insistió en que el decreto trata de poner freno al turismo sanitario tan extendido en España y que permitirá garantizar la sostenibilidad del sistema público. «No es una cuestión de ajuste económico, se trata de cumplir con el reglamento europeo y con las conclusiones del Tribunal de Cuentas», explicó la titular de Sanidad.

Por su parte, las comunidades rebeldes, es decir, Andalucía, Asturias Canarias y País Vasco, denunciaron en un comunicado conjunto las políticas «regresivas» impulsadas desde el Ministerio de Sanidad que consideran contrarias «a los principios de universalidad de la atención y cohesión del sistema territorial» por vulnerar los derechos básicos de los colectivos más débiles.

También reprocharon la retirada de 417 medicamentos para síntomas menores pero de uso más común de la cartera básica de salud. Las cuatro comunidades rechazaron los ajustes realizados en la cartera de Sanidad y emplazaron al Gobierno a iniciar un «diálogo social e institucional».