El pago de bonos patrióticos se llevará más de la mitad del rescate catalán

El Gobierno catalán se encuentra inmerso en una carrera contra el reloj porque si no hace frente dentro del plazo a los vencimientos pendientes de su deuda tendrá un «problema mayúsculo», según expresó ayer su portavoz, Francesc Homs. Dicho de otra forma, los 5.023 millones que ha solicitado Cataluña del Fondo de Liquidez Autonómica tienen que llegar cuanto antes a las maltrechas arcas catalanas para poder pagar sus obligaciones. «O se pone en marcha en septiembre o las cosas se complicarán», dijo Homs.

Cataluña es la autonomía más endeudada de España, con 42.000 millones de euros, y también la que debe abonar mayor cantidad de dinero, 5.775 millones, en vencimientos de deuda en el segundo semestre de este año. Por ello, buena parte de los 5.023 millones que ha pedido de rescate no serán, como al Ejecutivo catalán le gustaría, para inversiones, ni para pagar nóminas ni para conciertos sociales, sino para liquidar deuda. En concreto, según señaló Homs, la ayuda irá destinada mayoritariamente a cubrir el pago de créditos contraídos por el anterior Gobierno tripartito y a asumir el vencimiento de los bonos emitidos por la Generalitat.

Cataluña apremia al Gobierno central para que ponga en marcha ya el fondo de liquidez con los 18.000 millones previstos porque ve cada vez más cerca el borde del precipicio, que en su caso llegaría en noviembre, cuando vencen los llamados bonos patrióticos a doce meses comercializados entre ciudadanos particulares por la administración catalana a un jugoso interés del 4,75%. Esa emisión consumirá 2.639 millones del rescate estatal, más de la mitad de la ayuda. El resto irá destinado a la devolución de la emisión destinada a inversores institucionales y créditos de la Generalitat con entidades bancarias. En total, 5.775 millones de euros, de los que 959 tienen que ser pagados en septiembre.

Por tanto, la mayor parte de los 5.023 millones se emplearán en el reintegro y refinanciación de deuda y, por tanto, seguirán como hasta ahora las dificultades de tesorería. De ahí que la Generalitat no descarte nuevos ajustes -en lo que sería la quinta oleada de recortes en dos años-, ni tampoco nuevos impagos, como el que sufrieron en julio las entidades sociales que trabajan en las residencias para la tercera edad, centros para discapacitados, enfermos mentales o drogodependientes. «La situación mensual de la Generalitat es complicada, la vamos sorteando, pero es complicada», describió el portavoz. «Sufrimos cada mes -confesó- para pagar».

Pérdida de autogobierno

Homs fue el miembro del Govern catalán que anunció anteayer la solicitud de ayuda por parte de Cataluña con la advertencia de que la Generalitat nunca aceptará condiciones políticas a cambio de la financiación. Ayer rebajó el tono y admitió que acceder al Fondo de Liquidez hará «perder autogobierno» a Cataluña, que es lo mismo que reconocer que el rescate tendrá consecuencias más allá de las financieras.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, detalló que la «condición fundamental» para que las arcas catalanas reciban los 5.023 millones es que cumpla el objetivo de déficit del 1,5 % del PIB para este año. Una empresa que se antoja harto complicada, dado que Cataluña cerró 2011 con un déficit del 3,9% . Un desfase tal que a nadie extrañaría que hubiera nuevos tijeretazos. «El Gobierno valora los esfuerzos que ha realizado la Generalitat y no tiene la más mínima duda de que continuará haciendo esfuerzos para cumplir el objetivo de déficit para este año y el establecido para el año próximo», expresó el ministro.

Si bien el Fondo de Liquidez no está en marcha, y aún se desconocen los requisitos de esta línea de financiación, la letra pequeña de las condiciones se conocen porque está publicado en el BOE. Los temores del Gobierno de Artur Mas podrían estar justificados porque la intervención política está contemplada en el real decreto-ley 21/2012 de medidas de liquidez de las administraciones públicas.

Nadie quiere oír hablar de los 'hombres de negro', en este caso no de Bruselas o Frankfurt, sino de Hacienda, pero el decreto ley obliga a las comunidades rescatadas a informar al Ejecutivo central cada mes el estado de sus cuentas y si el Ministerio de Cristóbal Montoro viera que hay riesgo de incumplimiento de déficit, podría imponer nuevos ajustes de forma unilateral y enviar una misión de control a la autonomía.

Una intervención pura y dura que, paradojas de la política, CiU avaló en el Congreso cuando votó a favor de la ley de estabilidad, que de producirse conduciría a unas elecciones anticipadas, según han avisado en reiteradas ocasiones desde la Generalitat y de la federación nacionalista.