Intervención de la Junta asegura que alertó 15 veces de las anomalías en el sistema de los ERE

La Intervención General de la Junta de Andalucía alertó en al menos 15 ocasiones de que el procedimiento establecido para la concesión de ayudas a empresas en crisis presentaba «incumplimientos y deficiencias», según reconoció ayer ante la comisión de investigación parlamentaria Manuel Gómez, interventor entre 2000 y 2010. Las consejerías de Hacienda, Empleo e Innovación, dijo, «debieron haber tomado medidas» cuando conocieron las irregularidades.

En su intervención ante la comisión, una de las más esperadas porque era la primera vez que la Intervención se pronunciaba sobre los ERE, Gómez reconoció que el sistema de ayudas era legal porque era soportado por los Presupuestos de la Junta. Sin embargo, el meollo del problema estaba en cómo se gestionaron dichas ayudas a cargo de la entidad publica IFA, luego IDEA, a instancias de la Consejería de Empleo. Ahí sí, a su juicio, radican las lagunas legales del procedimiento, errores o incumplimientos en los expedientes de gasto, así como una tramitación de subvenciones que en ocasiones «vulneraba» las normas de ejecución.

De hecho, especificó que con el sistema ideado, la gestión de los expedientes de ayuda «no estaba sujeta a la fiscalización previa» de la Intervención, de ahí que no hubiera nada más que una alerta sobre las deficiencias y no un informe de actuación.

Sentido común

Los informes fueron remitidos a los organismos que materializaban los pagos, así como a las Consejerías de Empleo y Hacienda. En este sentido, Gómez consideró que al conocer los informes que recogían las irregularidades, esos departamentos deberían haber actuado «por sentido común». «Sería como si un vecino te avisa de que en tu cocina hay llamas y en lugar de llamar a los bomberos esperas a que te lo confirme por correo electrónico», apuntó de forma gráfica. El exinterventor concedió que «ningún sistema de control, por perfecto que sea, podrá prevenir los abusos y el fraude», y en este caso «nunca se dedujo la existencia de un menoscabo» de los fondos públicos.

También compareció el consejero de Economía, Antonio Ávila, primer miembro del Ejecutivo que pasa por la comisión y que calculó que la cantidad defraudada asciende a 17 millones que fueron a parar a los bolsillos de 241 intrusos en los 6.473 expedientes de prejubilaciones realizados. Según detalló, 196 casos tienen irregularidades y otros 45 están en fase de investigación.