El consejero Ávila eleva a 17 millones el fraude de los ERE con 241 implicados

Antonio Ávila, actual consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, cifró ayer en unos 17 millones lo defraudado por los 241 perceptores incluidos en expedientes de regulación de empleo (ERE) con irregularidades entre 2001 y 2010. Datos que ofreció en su comparecencia en la comisión de investigación.

Ávila, que fue el primero en intervenir ayer, explicó que de los 81.464 trabajadores afectados por ERE entre 2001 y 2010 en Andalucía, el 7,9 por ciento recibió ayudas públicas de prejubilación, y de estos, un total de 241 personas, el 0,29 por ciento del total y el 3,7 por ciento de los perceptores de ayudas, contienen alguna irregularidad.

El consejero, en una línea similar a la que argumentó el día antes su antecesor Manuel Recio, minimizó la cifra. «Una sola irregularidad es criticable, pero se trata de un reducido porcentaje de expedientes con fraudes», afirmó Antonio Ávila, que se quejó de que «sólo se proyecten interesadamente sombras» en los ERE «cuando también hubo luces».

Ávila no precisó el dinero recuperado por la Junta en las irregularidades detectadas, aunque sí indicó que se había determinado el inicio de reintegro de siete de los casos.

Al igual que comparecientes anteriores, apuntó hacia la responsabilidad a la Dirección General de Trabajo, encabezada en su día por Francisco Javier Guerrero. «Las decisiones eran de esa dirección», afirmó Antonio Ávila, que completó: «Si eso es discrecionalidad, pues la hubo».

Cuestionado por Carlos Rojas, portavoz del PP acerca de si el Consejo Rector del IFA o de IDEA encargaron una investigación sobre las ayudas que le ordenaba Empleo, Ávila se mostró tajante y respondió que las dos entidades eran «meras pagadoras y no había nada que investigar».