Vallejo y Soler niegan poder decisorio en los ERE y apuntan a Empleo

Francisco Vallejo y Martín Soler, exconsejeros de Innovación, Ciencia y Empresa, se desmarcaron ayer de las responsabilidades políticas y de decisión en la tramitación de las ayudas. Los dos coincidieron en señalar que la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), dependiente de su consejería, se limitaba a pagar aquello que Empleo le proponía. Una argumentación que expusieron en la quinta jornada, primera de la semana, de la comisión de investigación de los ERE fraudulentos. El exconsejero de Empleo Manuel Recio completó el trío de comparecientes en el Parlamento.

Así lo explicó Francisco Vallejo, consejero entre abril de 2004 y 2009. «IDEA nunca formó parte de la tramitación de los expedientes. Ni siquiera los conoció», argumentó el ahora diputado, que añadió: «La agencia sólo materializaba los pagos de Empleo». Vallejo ahondó en la cuestión y afirmó que «las posibles irregularidades producidas están en un sitio determinado, que todos sabemos, pero que intentan extenderlas a toda la administración».

Vallejo, que señaló que «ni por acción ni por omisión cabe reproche jurídico alguno a mi actuación», dijo desconocer el informe de Intervención General de la Junta de Andalucía de 2003, que llegó a la consejería en 2005. «Nadie se lo llevó al consejero ni le correspondía al consejero conocerlo. No afectaba a la Consejería de Innovación», reiteró.

Un desconocimiento que fue duramente criticado por Rafael Salas, portavoz popular en esta comparecencia, que recordó que el informe contenía unos catorce expedientes de regulación con «anomalías» y «sin norma» que los regulara. Francisco Vallejo contestó que se trataba de un informe «normal» y remitió a Empleo como responsable.

Por su parte, Martín Soler, que estuvo al frente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa entre abril de 2009 y marzo de 2010, calificó de «mera caja pagadora» a IDEA, que lo que hacía era asumir los pagos de Empleo. «Nunca participé, conocí o decidí nada que tuviera que ver con decisiones sobre ayudas sociolaborales a ERE», dijo.

Además, Soler recalcó un concepto que ya lanzó el pasado viernes el exconsejero de Empleo Antonio Fernández en su comparecencia cuando afirmó que «la maldad no está en el procedimiento, sino en el ser humano». «No debe ponerse en cuestión una política sociolaboral, sino que lo que hay que lograr por todos los medios es que caiga el peso de la ley en los infractores», afirmó Martín Soler.

El exconsejero, al igual que su antecesor Francisco Vallejo, afirmó desconocer los informes de Intervención, aunque sí precisó que conocidos posteriormente sólo se trataban de «recomendaciones». «Nunca dio el paso hacia determinadas líneas rojas», explicó Martín Soler acerca de las advertencias.

Por su parte, Manuel Recio quiso diferenciar durante su comparecencia entre la «legalidad» del sistema de ayudas con los «abusos» que se hayan podido producir en su aplicación. El que fuera consejero de Empleo desde 2010 hasta hace tan solo unos meses recalcó que el 97 por ciento de los expedientes tramitados por la Junta entre 2010 y 2012 no presenta ninguna irregularidad.

Igualmente Recio subrayó durante su intervención en más de una ocasión la «total colaboración" con la Justicia para intentar aclarar lo sucedido. «No existe otra administración que haya tenido un despliegue de medios similar al de la Junta en su afán de aclaración de la verdad», indicó el exconsejero, que cifró en 200.000 los folios aportados al Juzgado en esta materia.

Uno de los momentos más duros llegó en el turno de preguntas cuando Alba Doblas, de IU, tachó de «porquería» el control de fiscalización previa de los fondos de la Junta. «Ha sido una especie de Juan Palomo, yo me lo guiso yo me lo como», dijo la diputada, a la que Recio respondió que se tuvieron en cuenta las «recomendaciones».

Ante las preguntas de Teresa Ruiz Sillero, del PP-A, Recio reconoció haberse encontrado una caja fuerte en su despacho, que finalmente comprobó que estaba «vacía», y una videocámara de vigilancia. Explicó que la investigación policial determinó que estaban allí porque hubo algún objeto de valor en el pasado.