ERE, una semana de 'trámite' parlamentario

Doce citados, once comparecientes, ocho se acogieron a su derecho a no declarar, cuatro jornadas, cientos de preguntas sin contestar y alguna que otra discusión encendida entre los grupos políticos. Ese podría ser el balance numérico de la primera semana de la comisión de investigación de los ERE irregulares que llegó el viernes a su ecuador. Sin embargo, más allá de las cifras la semana dejó la impresión de que no sirvió para extraer demasiadas conclusiones.

Probablemente mucho tenga que ver el silencio en las respuestas durante las tres primeras jornadas, en la que los ex altos cargos desfilaron por el Parlamento andaluz y alegaron que al estar inmersos en los procesos judiciales preferían guardan silencio. Sí usaron su turno inicial para declararse inocentes. Distinta fue la maratoniana jornada del viernes, de más de nueve horas de comparecencias, donde ya políticos ofrecieron su versión y respondieron a las preguntas.

Tal vez esa precisamente puede ser la esperanza para la próxima semana en la que, como el viernes, desfilaran por la comisión políticos sin imputación judicial. Doce, sin contar a Magdalena Álvarez que finalmente no acudirá, son los comparecientes que responderán a las preguntas de la comisión. Eduardo Zaplana, Javier Arenas (jueves), y Manuel Chaves y José Antonio Griñán (viernes) serán los cuatro últimos de esta tanda de comparecencias, que podría tener una segunda en septiembre, tal y como ya advirtió Ignacio García, presidente de la comisión.

La semana comenzó con polémica. Ramón Díaz Alcaraz, ex asesor de Empleo y primer compareciente, pidió no escuchar las preguntas. Amagó con marcharse e Ignacio García le advirtió que podía incurrir en un delito si lo hacía. La comisión se reunió, deliberó y sentó el precedente para la semana: los comparecientes deberían escuchar las preguntas aunque no la contestaran.

Díaz Alcaraz, como después Antonio Antonio Diz-Lois, también ex asesor de Empleo, anunciaron que se reservaban el derecho a emprender acciones legales contra los parlamentarios al entender que las preguntas podían ofender a su persona. Diz-Lois, Fernando Mellet, exgerente general de Mercasevilla; Antonio Rivas, exdelegado de Empleo de Sevilla, comparecieron sin contestar preguntas. De por medio Ángel Rodríguez de la Borbolla, ex alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla), ni siquiera acudió a la cita al no ser localizado por la comisión por estar de viaje.

Luego llegó el turno de Francisco Javier Guerrero, quien llegó desde prisión, y sí dejó los primeros titulares, a pesar de no declarar. «Hay muchos no imputados que podrían resolver sus dudas», apuntó el exdirector general de Trabajo entre 1999 y 2008 en su intervención inicial al dirigirse a los grupos parlamentarios. Guerrero, además, lanzó otra frase llamativa: «Nadie durante diez años me dijo que realizara mis funciones de forma distinta a la que me instruyeron». El principal implicado en la trama, también se defendió del testimonio del que había sido su chófer, Juan Francisco Trujillo, quien declaró ante la Justicia que ambos habían gastado dinero público en fiestas y cocaína. En ese punto Guerrero saltó con rotundidad: «Ni he sido un putero ni un drogadicto».

Silencios

Tras esa sacudida, el jueves volvieron los silencios. Juan Márquez y Daniel Rivera, los sucesivos sustitutos de Guerrero al frente de la Dirección General de Trabajo, así como Agustín Barberá, exviceconsejero de Empleo, también se acogieron a su derecho a no declarar. Fue la jornada donde se vivió la mayor beligerancia entre los grupos parlamentarios con sonados 'enganches dialécticos' en los que tuvo que mediar el presidente de la comisión. Los socialistas pidieron una reunión de urgencia para exigir el expediente de los ERE de la Faja Pirítica, que aún no ha llegado a la comisión.

Y en estas llegó el viernes, donde la tónica de las comparecencias cambió radicalmente. Justo Mañas, consejero de Empleo con Manuel Recio, admitió todas las preguntas y defendió el «apoyo legal» que sostenía las tramitación de los expedientes de regulación de empleo.

José Antonio Viera, consejero de Empleo de 2000 a 2004, afirmó que «jamás» había hecho ninguna «intervención inmoral e ilegal a sabiendas» y eludió responsabilidades. El diputado nacional dirigió sus miradas la Dirección General de Trabajo, encabezada entonces por Guerrero, en la que dijo que «se venía a delegar muchas de las competencias» del convenio marco firmado entre la Consejería de Empleo y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), soporte para las ayudas sociolaborales.

También defendió su inocencia Antonio Fernández. «Tengo las manos limpias», afirmó el consejero de Empleo entre 2004 y 2010. Trassalir de prisión hace 14 días después de pagar 450.000 euros de fianza, el último de los comparecientes por ahora respondió también a las preguntas, aunque inicialmente pidió no hacerlo. Defendió «la legalidad» del procedimiento de ayudas, incorporado «año tras año» en Presupuestos de Junta y después de tensos diálogos con Rafael Carmona ( PP), se despidió con alegato final. «Menos la vergüenza y la dignidad lo he perdido casi todo. Es inenarrable el sufrimiento de un hombre que se sabe inocente», aseguró.