Los silencios en la comisión de investigación sublevan a IU mientras el PSOE ataca al PP

La tercera jornada de la comisión de investigación de los ERE fraudulentos elevó la tensión. Los tres ex altos cargos citados ayer se acogieron también a su derecho a no declarar, lo que desató el encontronazo de Alba Doblas, diputada de IU, con Agustín Barberá, exviceconsejero de Empleo de la Junta, que compareció por la tarde. También PSOE y PP elevaron un punto más su particular guerra con varios enfrentamientos dialécticos.

Barberá, exviceconsejero entre abril de 2004 y marzo de 2010 e imputado en el caso de los ERE, se presentaba como el primer político en la comisión. Tras manifestar su decisión de no declarar por estar inmerso en el proceso judicial, Alba Doblas expresó su «profundo malestar» y consideró que la actitud de silencio del compareciente, como la de los siete anteriores erea consecuencia de un«acuerdo previo». También calificó de «tomadura de pelo» y «actitud políticamente cobarde» la de no declarar de Barberá.

El exviconsejero pidió amparo al presidente de la comisión y solicitó a la diputada de IU que «retirara esas palabras». Barberá negó el «previo acuerdo» y le contestó: «Por el hecho de que yo acuda en quinto o sexto lugar no tiene por qué echarme la culpa de la actitud de los que me han precedido», y añadió que si él hubiese sido el primero en declarar el pasado martes Alba Doblas habría estado «más relajada».

Sin embargo, a pesar de que Barberá advirtió de que no respondería a las preguntas sí contestó algunas cuestiones a preguntas de Teresa Ruiz Sillero, diputada del PP. El exconsejero dijo no conocer el término «fondo de reptiles», aclaró que su defensa la pagaba él personalmente y no la Junta, negó tener una clave para acceder al sistema de datos de la Seguridad Social y analizar las vidas laborales de los intrusos en los ERE, y matizó que la plaza que ocupa como coordinador de la unidad de prevención de riesgos laborales en la Consejería de Empleo «tiene que ver con su «condición de funcionario de carrera desde el año 1983».

Precisamente una pregunta de Ruiz Sillero a Barberá desencadenó un nuevo enganche dialéctico entre el PP y el PSOE. La popular afirmó en una de sus preguntas que «el silencio de los comparecientes está urdido y orquestado» por los socialistas, lo que provocó el enfado de Antonia Moro, portavoz del PSOE, que inició una discusión con la popular. Incluso el propio Barberá participó en ese momento. «El juicio de valor atenta al honor de mi persona y del PSOE», afirmó. Finalmente medió Ignacio García, presidente de la comisión, que apeló a la «sensatez que se les supone» a los parlamentarios.

Fue el penúltimo roce de los dos grupos porque por la mañana también se vivió otro justo al final de la comparecencia de Daniel Rivera, exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo. Antonia Moro pidió una «reunión urgente», tras exigir el expediente de las ayudas sociolaborales concedidas a los exmineros de la Faja Pirítica de Huelva bajo Gobierno del PP y que aún no obra en poder de la comisión. El popular Rafael Carmona reprendió la actitud de la diputada Moro y señaló que no se trataba de una «cuestión de orden», al considerar que no era en el marco de una comparecencia donde debía pedirlo aunque afirmó «no tener inconveniente» en celebrarla. De nuevo tuvo que intervenir Ignacio García, que pidió que guardaran silencio.

El presidente de la comisión comentó que se había solicitado por tercera vez esa documentación de la Faja Píritica, en primera instancia a las subdelegaciones del Gobierno de Huelva y de Sevilla y posteriormente al Gobierno central, y se mostró «sorprendido» de que el expediente no hubiera sido remitido, aunque descartó que alguna comparecencia fuese aplazada por no llegar ese documento.

Antonia Moro, en rueda de prensa conjunta con el portavoz socialista en el Parlamento Francisco Álvarez de la Chica, cuestionó si lo que pretende el Gobierno con esta actitud es «proteger» a Ignacio Zoido (delegado del Gobierno en Andalucía entonces) y a Javier Arenas (ministro de Administración Pública en aquellas fechas), que están citados por la comisión la semana que viene.

En su comparecencia, Daniel Rivera manifestó sentirse «injustamente imputado» y ser «absolutamente inocente». Recordó que fue el «primero» en denunciar ante la Justicia las «irregularidades» en los expedientes. Sin contestar a ninguna de las preguntas de los parlamentarios, el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo sí habló para aclarar la interpretación que se hacía uno de sus gestos. «Estoy alucinado con las acusaciones que se están realizando. Son difamantes contra mi persona», se limitó a comentar.

Rivera, en su alegato final ante los comisionados, aclaró que cuando ante la jueza Alaya dijo que sus «responsabilidades eran políticas» se refirió a «confiar en personas subordinadas» a su cargo que «quebraron mi confianza y demostraron no merecerla».

Por su parte, Juan Márquez, el primer compareciente de la jornada y también imputado en la causa, tampoco quiso responder a los parlamentarios. El exdirector general de Trabajo de la Consejería de Empleo entre abril de 2008 y ese mismo mes de 2010 afirmó «no haber cometido jamás, ni conocido tampoco ninguna ilegalidad» durante su cargo.

También esta primera comparecencia se vivió con alguna discusión entre socialistas y populares, cuando el PP usó en una de sus preguntas la expresión «financiación ilegal» del PSOE.

Fue el sustituto de Guerrero al frente de Trabajo. Está imputado por seguir dando las ayudas de manera irregular.

Imputado por cuatro delitos,con él saltó el escándalo de la ayudas irregulares. Sucedió en el cargo a Juan Márquez.

La Jueza Mercedes Ayala le imputa cuatro delitos. Fue viceconsejero de Empleo durante la etapa de Antonio Fernández.

No está imputado en la trama por el juzgado. Juan Mañas fue el viceconsejero de Empleo en la etapa de Manuel Recio.

Es aforado y no está imputado en la causa, aunque la Guardia Civil le atribuye un «papel esencial» en la trama.

Consejero de Empleo entre 2004 y 2010, salió de prisión hace unas semanas tras pagar la fianza de 450.000 euros.