La comisión de los ERE arranca con el silencio de los primeros ex altos cargos

La falta de respuestas de los tres comparecientes ante las preguntas de los grupos parlamentarios fue la nota predominante ayer en la primera jornada de la comisión de investigación parlamentaria de los ERE irregulares. Tanto Ramón Díaz (exdiputado del PSOE-A y asesor de la Consejería de Empleo), como Antonio Diz-Lois Ruiz (exjefe de servicio de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo) y Fernando Mellet (exgerente de Mercasevilla) se acogieron a su derecho a no responder a los cuestionarios.

Los tres comparecientes, imputados por el caso de los ERE, razonaron su negativa a declarar en que al estar inmersos en el proceso judicial sus abogados le habían recomendado que guardaran silencio para no perjudicar sus intereses.

No respondieron las preguntas o casi, porque Fernando Mellet sí interrumpió la batería de cuestiones de IU. «No me consta que nadie de Mercasevilla se haya llevado nada calentito», dijo Mellet que hizo tan solo esa excepción para luego volver a su silencio.

En lo que también coincidieron los tres comparecientes fue en hacer uso de su derecho a expresarse sin preguntas en el primer turno, tal y como establece el reglamento de la comisión. Así, Ramón Díaz leyó una declaración preparada en la que afirmó que «tiene la conciencia tranquila» y que «jamás conoció una actuación ilegal, ni siquiera irregular». Una segunda frase que remarcó y repitió con especial énfasis.

Por su parte, Antonio Diz-Lois, que admitió antes de su intervención estar «nervioso», subrayó en su alocución inicial que era «un simple jefe de servicio de los cuatro que había» en la Dirección General de Trabajo. «Mi perfil poco o nada puede aportar», comentó.

Más extensa fue la intervención inicial de Fernando Mellet, el tercer compareciente. Con amplia documentación que posteriormente dejó para que constara en el acta de la comisión, Mellet señaló la existencia de «una persecución personal» y defendió que compareció ante la comisión de investigación «sin haber tenido responsabilidad política ni administrativa en administración alguna». Indicó que sí estaría dispuesto a contestar a los representantes políticos, una vez finalice su declaración judicial.

Silencios al margen, la primera sesión también se caracterizó por la tensión entre los comparecientes y los diputados. Cuando Ramón Díaz finalizó su intervención pidió marcharse para no tener que escuchar las preguntas. Sin embargo, después de que la sesión se suspendiera de manera momentánea para que la comisión deliberara acerca de esta petición, la mesa de los grupos parlamentarios decidió que Díaz debía escuchar las preguntas a pesar de su negativa a contestar.

El exdiputado del PSOE-A, visiblemente molesto, amagó en alguna ocasión con levantarse y marcharse si bien no lo hizo porque Ignacio García, presidente de la comisión de investigación, le advirtió de que podría incurrir en un delito tipificado en el Código Penal.

Ramón Díaz afirmó que la decisión de obligarlo a escuchar las preguntas suponía una «coacción» hacia su persona y afirmó que se reservaba el derecho de emprender acciones legales por lo sucedido. Ese mismo argumento utilizó el funcionario Antonio Diz-Lois, quien explicó que las cuestiones formuladas por algunos parlamentarios podrían «lesionar su derecho a la defensa», así como también sus derechos «al honor, la intimidad y a la propia imagen» y que, por lo tanto, también se reservaba la opción de emprender acciones legales contra los parlamentarios.

También hubo tensión en la comparecencia de Fernando Mellet. «Quiero que se respeten mis derechos», afirmó con rotundidad el exgerente de Mercasevilla, que manifestó sentirse «intimidado» cuando Rafael Salas, diputado del PP-A, le formuló alguna de las preguntas que tenía preparadas para la comisión.