Interior estudia beneficios para los etarras huidos en el extranjero

De puertas afuera el Gobierno asegura que no dará ningún paso hasta que ETA anuncie su disolución y entregue el arsenal que aún obra en su poder. Sin embargo, la inactividad de la banda desde que anunciara el 20 de octubre de 2011 el cese definitivo de la actividad armada llevó antes al Gobierno socialista y ahora al del Partido Popular a ofrecer pequeñas concesiones a la banda, siempre de acuerdo con la legislación vigente.

El último de ellos sería permitir el regreso a España de aquellos exmiembros de la organización huidos en el extranjero siempre y cuando demuestren su desvinculación absoluta con ETA. El Ministerio del Interior reconoció ayer que estudia junto a la Fiscalía de la Audiencia Nacional la fórmula para que estos prófugos con causas pendientes por su pertenencia a ETA puedan retornar a España, sean juzgados por sus delitos pasados y destinados a cárceles del País Vasco, donde tendrían la posibilidad de acogerse a los beneficios penitenciarios recogidos en el Código Penal.

Las fuerzas de seguridad del Estado calculan que podría haber cerca de un centenar de exterroristas refugiados en el extranjero, la mayoría de ellos residiendo en Francia, aunque también existen importantes colectivos en países latinoamericanos como Venezuela, Cuba o República Dominicana. Por su parte la asociación Dignidad y Justicia cifra en 184 los etarras huidos con causas pendientes ante la Justicia.

El Gobierno busca con esta medida ahondar en la denominada 'vía Nanclares' -en referencia a la prisión alavesa- por la que un nutrido grupo de exmiembros de la banda que han hecho público su rechazo a la violencia han obtenido una serie de beneficios que incluyen la posibilidad de trabajar fuera de la cárcel. Esta iniciativa, puesta en marcha por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, ha mantenido su vigencia tras la llegada al poder del Partido Popular, al haberse mostrado como una herramienta de división dentro del hermético y controlado núcleo del colectivo de presos etarras.

Críticas de las víctimas

La propuesta ha pillado por sorpresa al principal partido de la oposición. Ayer, el secretario de Organización del PSOE, Óscar López, aseguró desconocer cualquier paso de este tipo aunque ratificó que, tal y como ha venido haciendo hasta ahora, el partido socialista respaldará al Gobierno de Mariano Rajoy en todo lo que concierna a la política antiterrorista.

En donde no encontrará ningún apoyo el Ejecutivo es entre los colectivos de víctimas del terrorismo. El presidente de Voces contra el Terrorismo, Francisco Alcaraz, tildó de «traición» del Gobierno esta posibilidad y aseguró que de continuar con su actual política el Partido Popular «terminará por hacer bueno a Zapatero». «Está claro que Interior está más preocupado por los terroristas que por las víctimas y en ese plan pretende excluir delitos y concederles beneficios», señaló Alcaraz.

Desde el Gobierno vasco se estimó que, de concretarse esta posibilidad, significaría un avance «positivo» y «un paso más en el proceso de paz».