Restricción en las ventas de preferentes a particulares

El Gobierno impondrá restricciones a la venta de preferentes a particulares. A partir de ahora se les exigirá su consentimiento de puño y letra y, si la emisora no cotiza en Bolsa, una inversión mínima de 100.000 euros.

Hace un año la banca mantenía un saldo de 22.500 millones en estos productos financieros perpetuos, es decir, que no vencen nunca, y cuya retribución está ligada a que la entidad registrara beneficios. Más de un millón de clientes vieron atrapados sus ahorros en las preferentes, según las asociaciones de consumidores, que han llevado el caso ante la Justicia. «Estos productos son para inversores sofisticados y no para las redes bancarias», según el ministro de Economía Luis de Guindos.

La nueva norma exigirá que la entidad que coloque participaciones preferentes en las sucursales deberá destinar la mitad de la emisión a inversores institucionales, a los que aplicará las mismas condiciones que a los particulares. Los bancos también tendrán que crear un registro de productos complejos. Si un cliente «quiere adquirirlo, se le obligará a poner de su puño y letra que, a pesar de que no es el producto adecuado para él, desea comprarlo». Queda pendiente de resolver el problema de los ahorradores que se han visto atrapados en estos productos, y no han podido recuperar sus ahorros.

En entidades que han recibido ayudas públicas como Bankia, Novagalicia o CatalunyaCaixa, se está negociando con Bruselas unas condiciones de canje que minimicen el daño económico para los inversores. El producto que recibirán a cambio tendrá liquidez, es decir, podrá venderse en el mercado secundario, «algo que ahora no ocurre con las preferentes».