El Parlamento andaluz se prepara para depurar responsabilidades por los ERE

Presidentes y expresidentes de la Junta de Andalucía, consejeros y exconsejeros, líderes de la oposición e incluso dos exministros. La comisión de investigación por el escándalo de los ERE fraudulentos, la primera en 17 años que acoge el Parlamento andaluz, comienza su fase decisiva mañana martes, con el comienzo de las comparecencias. El objetivo es depurar las responsabilidades políticas por la concesión irregular desde la Junta de ayudas a empresas en crisis con cargo a una partida de más de 800 millones. Para que la tarea llegue a buen puerto, reconocen todos, será vital la voluntad de colaboración de los comparecientes.

La investigación política, después de dos años de instrucción penal del caso, arrancó el 20 de junio, con su aprobación y con la posterior fijación del calendario de comparecencias, pero lo hizo con dudas acerca de si los intereses de los partidos la dejarán descafeinada. Tampoco faltaron los reproches cruzados acerca de si la comisión es únicamente «una cacería política» o si hay un «guion escrito» de los socios de Gobierno -PSOE e IU- para neutralizar los resultados.

A unas horas del inicio de las comparecencias, y cuando ya está casi listo el análisis de la primera tanda de documentación, las acusaciones se mantienen. El presidente de la comisión, Ignacio García (IU), trata de rebajar el clima de enfrentamiento. «Evidentemente, cada partido político está en una perspectiva distinta, y eso se nota en las actuaciones, pero quiero pensar que todos participan con ánimo constructivo», afirma.

No ha habido sorpresas. La documentación estudiada, incompleta a juicio del PP-A, constata que el procedimiento de ayudas no era todo lo adecuado que se suponía en aspectos como la objetividad o la publicidad, como han denunciado públicamente los populares en las últimas semanas.

Baile de cifras

Los partidos reconocen que la fase de declaraciones es la más «espectacular», aunque confían en que transcurra con normalidad y en un clima de seriedad. «El Parlamento debe estar por encima de este escenario y actuar con la transparencia y responsabilidad que merecen los andaluces», justifica Antonia Moro, portavoz socialista.

Moro insiste en que el objetivo último del PSOE «no ha variado ni un milímetro». «Somos los máximos interesados en que se esclarezcan los hechos y en ofrecer a la ciudadanía una respuesta rápida y veraz sobre lo que ha ocurrido». «Y por supuesto, en depurar responsabilidades, caiga quien caiga, y en recuperar lo defraudado y restituirlo a las arcas públicas», añade.

Una cuestión ésta nada baladí, ya que un informe no oficial de la Cámara de Cuentas cifra en 1.200 millones el fraude de los ERE. La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, reduce el importe a 933 millones, 617 en ayudas sociolaborales o prejubilaciones y 270 en ayudas directas a empresas otorgadas fraudulentamente. Las cifras contrastan con la investigación interna de la Junta. Según declaró el ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, hasta junio se detectaron 200 intrusos en las 325 expedientes de prejubilación revisados, lo que supuso la reclamación de 12 millones a sus perceptores y dejar de pagar otros 14.

«Lo importante no es el desfile por los pasillos, sino el afán de colaboración de los comparecientes y que el proceso sea lo más objetivo posible», abunda García, quien no obstante destaca que «en muy pocas» investigaciones de otras cámaras autonómicas se ha citado a políticos de tanto nivel.

Las comparecencias se han fijado en dos semanas, pero el plato fuerte llegará en la segunda, con la intervención del presidente regional José Antonio Griñán y su antecesor Manuel Chaves, el líder del PP-A Juan Ignacio Zoido y los exministros Javier Arenas y Eduardo Zaplana -ambos avalaron una ayuda a una empresa minera investigada-. En la primera semana también habrá expectación. El día 22 está previsto escuchar al ex director general de Trabajo y principal imputado en la trama, Javier Guerrero, que quiere acudir a declarar desde la cárcel. Dos días después lo haría el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que abonó una elevada fianza tras pasar tres meses en prisión y que duda si volver a exponerse al acoso mediático. García zanja las dudas y recuerda que acudir es una obligación que, de lo contrario, supone un delito por desobediencia. Otra cosa es que declaren o no. «Sería una magnífica oportunidad para que algunos aclaren dudas e incluso se defiendan de lo que han llegado a denominar calvario mediático», justifica.