La ruina del estanquero

El contrabando de tabaco es una actividad ilícita que no genera una lluvia constante de críticas, de reproches sociales ni tan siquiera aparece entre las preocupaciones de la ciudadanía cada vez que se elabora un estudio sobre los problemas que quitan el sueño. Es de esos fenómenos que van creciendo de forma silenciosa y con la ayuda indirecta de cierta connivencia de todo aquel que alguna vez compró tabaco de procedencia ilegal. En Cádiz, además, el contrabandista llegó a ser una figura que ha poblado más de una novela y que tiene aún un regusto romántico del pasado. No es un ladrón, no es un narco, pero también ejecuta hechos que causan un grave perjuicio a un sector de la población activa de esta provincia, que bate récords en las cifras de desempleo.

Los estanqueros están siendo las víctimas anónimas de este fenómeno que como ha revelado una investigación de la Guardia Civil se está profesionalizando como antaño. De la imagen que se repite a diario en la frontera de Gibraltar, con decenas de personas que cruzan una y otra vez la verja para comprar cartones en el Peñón; a la radiografía que acaba de elaborar la Benemérita de una organización perfectamente jerarquizada que llegó a hacerse con el control del negocio en la Sierra y que manejaba un volumen de beneficios de 120.000 euros semanales. El cabecilla, que fue detenido con 5.000 euros encima, no parece responder al perfil de un pobre vecino necesitado que busca en el contrabando una salida a un túnel excesivamente negro.

Estos contrabandistas son los responsables directos del cierre de estancos en la provincia y, por tanto, de la destrucción de empleo, del deterioro de la economía de decenas de familias y del debilitamiento de un tejido empresarial que no pasa por su mejor momento. Todo esto son razones de peso para perseguir con ahínco, como lo está haciendo la Guardia Civil, esta actividad ilegal.

Pero no son las únicas. En no pocas ocasiones la Guardia Civil ha interceptado tabaco de marcas falsificadas, que no pasan ningún control administrativo y que le añade un plus de peligrosidad a un producto que de por sí es dañino para la salud.