La morosidad bancaria bate su récord

La morosidad de la banca ha pulverizado su máximo histórico, al representar el pasado junio el 9,42% del crédito. Sobre un crédito total de 1,74 billones de euros, los impagados ascendieron a 164.361 millones, con 8.388 millones de incremento respecto a mayo. Fue precisamente en junio cuando el Gobierno pidió asistencia financiera para la recapitalización del sector. El nuevo registro supera el 9,14% que se alcanzó en febrero de 1994, el mes de la intervención de Banesto, que hasta ahora representaba el nivel más elevado en una serie que el Banco de España instauró en enero de 1962.

El ascenso de la morosidad es un claro producto de la crisis financiera global, con el componente añadido del pinchazo de la burbuja del ladrill. En España, sus efectos se han visto retardados. En junio de 2008, en vísperas de la quiebra de Lehman Brothers, el porcentaje de morosos del conjunto del sistema bancario español se limitaba al 1,7%. Entonces se diferenciaban los bancos (1,28% de dudosos) de las cajas, donde la morosidad ascendía al 1,91%. Un año más tarde, la tasa de mora se había elevado al 4,59%, con 85.597 millones impagados.

En los tres años transcurridos desde mediados de 2009 hasta hoy, tanto la proporción de morosos como el volumen de incumplimientos se han duplicado. Y si nos remontamos al arranque de los problemas, la actual tasa de morosidad multiplica por nueve la de 2007, que coincidió con el final de la etapa de bonanza y los preludios del estallido de la crisis.

La tasa de morosidad experimentó un rápido crecimiento en la primera etapa de dificultades, que en España se registró entre el otoño de 2008 y la primavera de 2009. Fue el momento en que promotores inmobiliarios de mediano y gran tamaño dejaron de cumplir sus compromisos de pago y presentaron quiebras en cadena. Vino después una época de relativa ralentización, hasta que se produjeron nuevas oleadas de impagados de empresas de la construcción o vinculadas, en su mayor parte suministradoras.

Menor crédito

La escalada del paro incorporó a continuación a los deudores hipotecarios más vulnerables. Y en la actualidad apenas se pueden hacer distinciones por segmentos de clientes, porque casi todos ellos se están viendo afectados. Con toda probabilidad, la fase de segunda recesión, con su deterioro de la economía de las empresas y de las rentas de las familias va a elevar la cifra de dudosos.

La ralentización del negocio bancario también ha acelerado el aumento de la morosidad. En la medida en que el crédito bancario se frena o se reduce, el peso de los impagados se incrementa. Y la financiación del sistema se ha desplomado en un 4% en los últimos doce meses, lo que se ha traducido en una reducción de 74.000 millones. Por el contrario, la cifra de dudosos registra un avance interanual del 35%, equivalente a 42.743 millones.

Ni la escalada ha sido una sorpresa ni las entidades piensan que se haya tocado el techo. El criterio para medir la morosidad es estricto, porque la totalidad del capital por pagar pasa a esta condición cuando el deudor deja de pagar tres recibos mensuales consecutivos. También se considera en mora la deuda pendiente en las empresas que instan concurso de acreedores.

El Banco de España extremó los requerimientos cuando apreció signos de desconfianza de los inversores, hasta el punto de empezar a exigir provisiones no solo por los créditos dudosos, sino también por aquellos, todavía al corriente de pago, pero susceptibles de llegar al incumplimiento, por haber sido concedidos a segmentos empresariales o de población en claras dificultades para reintegrar sus débitos.

No le sirvió de mucho. Desde las agencias de calificación a los analistas empezaron a reclamar información exhaustiva del impacto del inmobiliario. Quisieron conocer al detalle no solo los morosos, sino también los fallidos, los adjudicados y hasta de los créditos refinanciados. Y empezó una carrera de evaluaciones -dos de la autoridad bancaria europea, en julio de 2010 y en el mismo mes de 2011, respectivamente- y de regulaciones complementarias, con exigencias de transparencia poco eficaces, hasta el momento. Los bancos y cajas -estas últimas en proceso de profunda transformación- se las tienen que ingeniar para sacar al mercado, con la mínima depreciación posible, un gran contingente de viviendas.

Tan cerca como el pasado mes de mayo, el ministro de Economía presentó una nueva reforma financiera en la que exigió a la banca nuevas provisiones para cubrir posibles pérdidas en su exposición al riesgo del sector promotor y constructor hasta entonces considerado sano. Pese a todos los esfuerzos, la exposición al sector inmobiliario de un segmento del sistema bancario español, y en particular de buena parte de las cajas de ahorro, unida al encarecimiento de la financiación a causa de la crisis de la deuda, ha llevado finalmente a la petición de hasta 100.000 millones de asistencia europea para la recapitalización bancaria.

Con los últimos datos del Banco de España, el riesgo inmobiliario de la banca asciende a 323.000 millones. De esa cifra, 175.000 millones son activos problemáticos. Dado el esfuerzo de provisiones ya realizado, las exigencias de recapitalización con ayudas europeas podrían limitarse a 60.000 millones de euros, destinados, en su mayor parte, a BFA-Bankia, Catalunya Caixa, Novagalicia Banco y Banco de Valencia, las entidades nacionalizadas o bajo control público. Pero las cuantías finales están por determinar: uno de los objetivos de la última fase de saneamiento emprendida consiste, precisamente, en el análisis de los créditos para su reclasificación. Se trata de conocer y de contrastar al máximo, la posibilidad de recuperación de la mayoría de los préstamos. Cuatro auditoras independientes y la evaluadora Oliver Wyman están en ello.