Arizona frustra los sueños de jóvenes inmigrantes

El programa de la Administración Obama destinado a suavizar el estatus migratorio de 1,7 millones de jóvenes indocumentados que han pasado la mayor parte de su vida en Estados Unidos se topó, nada más entrar en vigor, con un nuevo acto de insubordinación por parte Arizona. Justo cuando miles de 'soñadores' -como se denomina al grupo de beneficiarios- hacían cola para rellenar sus solicitudes en este Estado, la gobernadora Jan Brewer dictaba una orden que les impedirá obtener cualquier tipo de documento de identificación al que tienen derecho según el plan. Sin ese requisito, unos 80.000 jóvenes ven esfumarse toda posibilidad de conseguir un trabajo legal o acceder a ayudas sociales que abaratarían su educación.

'Acción diferida', como se llama el programa, es una iniciativa muy modesta porque a través de ella no se puede pedir la residencia o la ciudadanía. Sin embargo, durante dos años significa una enorme ventana a la esperanza para cientos de miles de personas que entraron al país cuando tenían menos de 16 años y ahora cuentan menos de 31. Muchos tienen un alto sentido de pertenencia a la cultura norteamericana, hablan perfecto inglés y le sobran aptitudes para entrar en el mercado laboral. Aunque la prórroga es corta, nadie duda que un alto porcentaje de ellos aprovechará su nuevo estatus para amarrarse al país donde han crecido.

La política de 'tolerancia cero' contra todo lo que huela a la naturalización de inmigrantes ha llevado, sin embargo, a Arizona y otros Estados del sur a aprobar leyes que chocan con la doctrina vigente en Washington. En esta ocasión, Brewer ha calificado la medida como una «amnistía clandestina» mientras advierte que su seguimiento por parte de otros Estados significa rendirse al juego del presidente demócrata.

«Mezquino ataque»

Como justificante de su postura, la gobernadora argumenta que «podría resultar que algunos inmigrantes no autorizados consigan indebidamente acceso a prestaciones públicas, algo que sería contrario a la intención de los electores de Arizona y los legisladores que decretaron las leyes que expresamente restringen el acceso a un documento de identidad estatal y a prestaciones financiadas por los contribuyentes».

Carlos García, líder comunitario en Phoenix, calificó la decisión de Brewer como un «mezquino ataque» contra un programa cargado de buenas intenciones. «Esta mujer ha vuelto a colocar el nombre de Arizona en el mapa como el epicentro del racismo contra los inmigrantes y el odio», aseguró García.

En 2010, el Gobierno estatal de Arizona aprobó fuertes medidas represivas contra los inmigrantes irregularizados mientra en junio el Tribunal Supremo ratificaba la criticada ley SB 1070 que autoriza a la Policía a revisar el estatus migratorio de las personas que se detengan bajo sospecha de no tener documentación legal.