La Audiencia Nacional activa la cuenta atrás para excarcelar al etarra Uribetxebarria

La Audiencia Nacional activó ayer la cuenta atrás que concluirá la próxima semana con la excarcelación de Josu Uribetxebarria Bolinaga, uno de los etarras que mantuvo secuestrado durante 532 días a José Antonio Ortega Lara, por padecer un cáncer de riñón con metástasis que le ha conducido a una situación terminal.

El titular del Juzgado Central 1, Santiago Pedraz, remitió ayer una providencia a la Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias en la que le pide que, a la vista de los informes médicos sobre la salud del recluso, que indican que padece un cáncer «irreversible», se pronuncie sobre si es posible concederle el tercer grado penitenciario de forma excepcional y aunque no cumpla con los requisitos ordinarios.

La progresión al tercer grado es a su vez el requisito legal indispensable para que Pedraz pueda autorizar la reclamación que hace días le realizó la defensa de Uribetxebarria, quien demandó del juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional que deje al etarra en libertad condicional, por la vía excepcional del artículo 92 del Código Penal, al encontrarse su cliente desahuciado.

Fue Santiago Pedraz, en funciones de guardia esta semana, quien tomó la iniciativa dada la urgencia de la situación, ya que el juez central penitenciario, José Luis de Castro, se encuentra en período de vacaciones.

Una vía excepcional

El requerimiento del magistrado hizo que saliese a la palestra el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien, en declaraciones a TVE, adelantó que la secretaría de Estado bajo su mando responderá hoy mismo al juez. No anticipó explícitamente el resultado, pero de sus palabras se deduce que la junta de tratamiento de la cárcel alavesa de Zaballa, de quien depende administrativamente Uribetxebarria, tras analizar los informes elaborados por el hospital Donostia de San Sebastián, donde está ingresado, recomendará al secretario de Estado, Ángel Yuste, que le conceda la progresión al tercer grado de acuerdo con la excepción establecida en el artículo 104.4 del reglamento penitenciario.

Este apartado prevé que «los penados enfermos muy graves con padecimientos incurables, según informe médico, con independencia de las variables intervinientes en el proceso de clasificación, podrán ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias y de dignidad personal, atendiendo a la dificultad para delinquir y a su escasa peligrosidad».

Fernández Díaz indicó que el paso que da su ministerio tiene como único objeto que se pueda iniciar «el expediente para la concesión de la libertad condicional» y que con esta decisión Interior se limita a cumplir con lo que establece literalmente la ley, sin admitir presión alguna ni de la izquierda abertzale, ni de la huelga de hambre iniciada por Uribetxebarria el 9 de agosto, ni de los diferentes tipos de ayuno con los que se han sumado a la estrategia casi tres centenares de los reclusos en España de la banda terrorista.

«Evidentemente huelgas de hambre o cualquier otro tipo de iniciativas ni nos han afectado ni nos van a afectar», insistió el titular de Interior. Pese a deslindar la decisión del pulso que busca echarle el entorno político de ETA, lo cierto es que los plazos se han acelerado esta semana y la decisión se conocerá justo al día antes a que la izquierda abertzale y las asociaciones de apoyo a los presos de la banda se manifiesten por Bilbao para exigir la liberación de este recluso, como ya hicieron una semana antes con idéntico objetivo por las calles de San Sebastián.

Interior sabe que estas manifestaciones no se agotan con el caso de Uribetxeberria, sino que encadenarán el impulso político para extender la reclamación de excarcelaciones inmediatas a todos los demás etarras presos que padecen enfermedades graves.

El ministro, tras aclarar que nadie debe buscar en la excarcelación del enfermo terminal una motivación política, sino el cumplimiento de un artículo legal humanitario, insistió en un reproche a los sucesores de Batasuna que también les llegó desde dirigentes socialistas vascos y del PNV. «Ni la izquierda abertzale ni ETA ni el propio Bolinaga han tenido la más mínima compasión en estos momentos hacia la persona de José Antonio Ortega Lara, que durante 532 días estuvo enterrado en vida», indicó Fernández Díaz, en recuerdo de su silencio ante el secuestro más largo y cruel de la historia de ETA.