¿QUÉ HACEMOS CON LA AUDIENCIA NACIONAL?

Con ETA en situación terminal, el debate sobre la pervivencia de la Audiencia Nacional está servido. Nacido en 1977 para combatir judicialmente el terrorismo etarra lejos del País Vasco, la continuidad del tribunal central genera controversia en las altas instancias judiciales y los partidos nacionalistas. De momento, el Gobierno apuesta por mantenerlo. Pero con matices. El Ministerio de Justicia trabaja en una reforma legal para otoño que pretende dotarlo de nuevas competencias. Se quiere dar protagonismo a los delitos económicos, el crimen organizado o los conflictos administrativos derivados de la crisis. Un ambicioso plan que choca de frente con los actuales recortes en la administración judicial.

Paradojas de las vida, la discusión sobre la pervivencia del tribunal más mediático del país tuvo su punto de partida en octubre de 2011, horas después de que ETA anunciara el «cese definitivo» de su actividad armada. Uno de los primeros en conocer la noticia fue Ángel Juanes. Sentado en su despacho de la planta noble de la Audiencia Nacional, el presidente recibió la buena nueva de forma sentida. Después de 35 años de lucha incansable contra la banda terrorista, de cientos de sumarios y sentencias condenatorias a más de 700 etarras, era inevitable preguntarse: «¿Y ahora qué?».

El presidente abría así el melón sobre el futuro de un tribunal creado ex profeso para combatir a ETA. Que nació el mismo día en que el Consejo de Ministros de Adolfo Suárez suprimía el Tribunal del Orden Público (TOP) de la Dictadura. De ahí la pesada losa que ha llevado sobre sus espaldas desde que nació, dado su carácter «excepcional» por ser una continuación del TOP franquista, según repiten como una mantra sus detractores políticos.

Curiosamente, ha sido el propio Juanes el que ha propagado el debate ahora que ETA parece definitivamente derrotada. Desde hace diez meses, el magistrado ha aprovechado sus puntuales comparecencias públicas para «replantear» sin ambages qué hacer con el tribunal central. En un momento, además, en el que la carga de trabajo ha caído un 30% en los últimos años y los sumarios de ETA apenas suponen un 15% de los asuntos que tratan los juzgados centrales de instrucción.

«Mi apuesta pasa por redefinir sus competencias, ya que la experiencia acumulada en materia contencioso-administrativa, social y penal aconseja su mantenimiento», defiende Juanes. En la misma línea, el nuevo presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, considera que este tribunal «ha sido un referente y no se puede desaprovechar un bagaje de 35 años de trabajo». Son opiniones, claro está, que proceden desde dentro. Del otro lado está la camarilla judicial que aboga por su desaparición. Son voces que provienen del Tribunal Supremo o del Consejo General del Poder Judicial.

Territorialidad

Una de ellas es Margarita Robles, magistrada del alto tribunal y vocal del Consejo. Robles entiende que aunque la Audiencia «no es un tribunal excepcional, sí supone una excepción», por lo que sería un «gran triunfo de la normalidad democrática» que todo el terrorismo se instruyese en juzgados del País Vasco.

Precisamente, la territorialidad de la Audiencia ha sido un tema recurrente para detractores acérrimos como el PNV o la izquierda abertzale. Apenas unos días después del comunicado de ETA, el diputado nacionalista Emilio Olabarría recordó que su partido «nunca» ha creído en la existencia de órganos «especiales».

El jurista argumentó que la pervivencia del tribunal conlleva el incumplimiento del principio de que a cada persona le corresponde el juez del lugar donde se produce el delito. «Lo que no se cumple con la Audiencia Nacional», dijo.

Ramón Sáenz Valcárcel, magistrado de la Sala de lo Penal de este tribunal, es de las pocas voces discordante desde dentro. Al igual que Robles, se pregunta por el sentido que tiene un tribunal especializado en el orden penal, cuando la amenaza terrorista ha desaparecido. Una consideración que comparte el Ministerio del Interior con su decisión de retirar la protección a la mayoría de los jueces de lo Penal.

Pero no todos son diferencias. Uno de los aspectos donde más consenso existe es la modificación de la jurisdicción penal. El presidente Juanes es partidario de «extender su competencia a la investigación de la criminalidad organizada, sobre todo la transnacional», y mantener la vigilancia del terrorismo internacional. Ahí están la última detención del supuesto comando de Al-Qaida buscado por varios servicios secretos extranjeros.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, es partidario de mantener la Audiencia Nacional. «Es una institución absolutamente necesaria, moderna, porque es la que mejor se acomoda a la respuesta adecuada que las nuevas formas de criminalidad organizada tiene en el siglo XXI», afirmó en una entrevista a La Razón.

Gallardón pretende aprovechar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para darle una nueva dimensión a la Audiencia Nacional. Un cambio normativo que se conocerá en otoño y que forma parte de un paquete más amplio de modificaciones que afecta a la estructura del Consejo General del Poder Judicial para enfado de los jueces.

'Hoja de ruta'

La buena sintonía entre Gallardón y Juanes ha permitido que el ministro ya conozca la 'hoja de ruta' que planea el presidente. Una proyecto que afectaría sobre todo a la Sala de lo Penal y a los seis Juzgados Centrales de Instrucción. «Se debe perfilar más claramente el principio de territorialidad en la comisión del delito y el de organización criminal nacional o transnacional», dice el texto.

Juanes enumera, además, nuevos tipos penales a investigar como el tráfico ilegal de personas o la corrupción de menores cometida por grupos criminales en distintos territorios. También delitos contra el mercado y los consumidores, contra la Hacienda Pública, la seguridad social y los intereses comunitarios. Asimismo, es partidario de reforzar la cobertura legal del Juzgado Central de Menores para evitar situaciones de vacío legal como ocurrió con uno de los detenidos del 'caso Alakrana'. El presidente considera que hasta que no se delimiten las nuevas competencias no se podrá analizar la necesidad de más medios humanos o incrementar el presupuesto. A día de hoy, la plantilla suma unos 900 funcionarios entre magistrados, secretarios judiciales, expertos en gestión y tramitación procesal, auxilio judicial y médicos-forenses.

Este volumen de trabajadores es otro de los motivos que aluden los detractores de su continuidad. Alegan la incongruencia de mantener un tribunal «mastodóntico» en un momento de fuertes recortes presupuestarios en la administración de Justicia, que planea llevarse por delante la mitad de los partidos judiciales.

Juanes le da la vuelta a este argumento y defiende que más «contrasentido» sería eliminar la Audiencia Nacional y «crear 17 tribunales especializados» en terrorismo, crimen organizado o delitos económicos con incidencia en varios comunidades.

Ricardo Bodas, presidente de la Sala de lo Social de este tribunal, pone un ejemplo para defender la versión de Juanes. «Nuestra sala interviene en conflictos colectivos de trabajo que afectan a miles de trabajadores en varias regiones. Son litigios que ahora se resuelven en un plazo de unos 45 días y que descargan sobremanera a los tribunales superiores autonómicos».