Tres de cada cuatro ex altos cargos han renunciado al cobro de las cesantías

La reforma legal que declaró incompatible que los ex altos cargos del Gobierno y de las grandes instituciones del Estado compaginasen el cobro de la cesantía con la recepción de otros ingresos públicos o privados, aprobada por el Ejecutivo el mes pasado, va a permitir que el Ministerio de Hacienda ahorre entre este año y el próximo 4,7 millones.

La razón es que, una vez concluido el plazo para que los 85 afectados por la reforma eligiesen entre la indemnización u sus otras fuentes de ingresos, que se agotó el 1 de agosto, tres de cada cuatro decidieron renunciar al cobro de la cesantía, que supone recibir el 80% del salario correspondiente al cargo que ocupaban durante los dos años siguientes a haberlo abandonado. El otro 25%, en concreto 21 ex altos cargos, notificaron al departamento que dirige Cristóbal Montoro que renunciaban a cualquier tipo de ingreso particular durante los meses que le restaban de percibir la indemnización, porque elegían mantener la cesantía. En esta situación hay bastantes exresponsables, en situación actual de jubilación, cuya pensión es inferior al dinero que percibirán durante unos meses con la indemnización.

El colectivo que ha concentrado la mayoría de las renuncias ha sido el de los miembros de los últimos gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, incluido él mismo, que mantendrá su actual salario como miembro del Consejo de Estado, más alto que la cesantía de expresidente. Además de Zapatero, tenían derecho a indemnización 18 de sus ministros y 39 secretarios de Estado y puestos equivalentes.

De los exmiembros del Ejecutivo han renunciado a la cesantía el 90%, 52 de los 58 con derecho a recibirla, entre ellos todos los exministros y ex secretarios de Estado afiliados o vinculados al PSOE, muchos de los cuales ocupan en la actualidad escaños en el Congreso o en el Senado y en otros organismos públicos. Entre las renuncias están la portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez, y exministros como Manuel Chaves, José Blanco, Francisco Caamaño, Carme Chacón, Trinidad Jiménez, Leire Pajín, Valeriano Gómez o Rosa Aguilar.

Los vicepresidentes

Entre las renuncias destaca la de Alfredo Pérez Rubalcaba porque no la ha hecho por obligación legal sino que la adoptó por propia voluntad, hace meses, antes de la reforma, cuando decidió cobrar exclusivamente su sueldo de diputado. Su predecesora en el cargo de vicepresidenta de Zapatero, María Teresa de la Vega, también está entre quienes eligen cobrar solo su salario actual, que, como el de su antiguo jefe, es el correspondiente a vocal del Consejo de Estado.

Solo seis de los antiguos ministros y secretarios de Estado socialistas mantendrán la percepción de la cesantía. Entre ellos está la antigua titular de Cultura y guionista Ángeles González Sinde.

Además de cargos del Ejecutivo tienen derecho al cobro de la compensación 22 integrantes de consejos reguladores -Telecomunicaciones, Mercado de Valores, Nuclear, Postal, Energía y Competencia- y cinco personalidades jurídicas.

El mayor número de beneficiarios que han optado por mantener la indemnización durante los meses que le restan se da entre los exaltos cargos de órganos reguladores y asesores. De hecho, así lo han expresado once, la mitad.

Dentro del bloque judicial, el expresidente del CGPJ, Carlos Dívar, ha desatado una polémica al reclamar su cesantía -muy superior a su pensión- pese a haber dimitido tras el escándalo del pago de viajes con dinero público. También cobrarán la indemnización, pero en su caso solo de un año, los tres magistrados que salieron en julio el Tribunal Constitucional. Renunció el ex fiscal general, que se reincorporó a su puesto de magistrado del Supremo.