Balance de los ERE: dos cargos en prisión

El caso de los ERE lejos de ir desenredándose cada día parece más lioso. La jueza Mercedes Alaya se va de vacaciones no sin antes dejar tarea para septiembre, cuando comienza el nuevo año judicial. Una tarea que puede abrir un nuevo capítulo en la borrascosa y prolija instrucción. Ha solicitado a la Junta de Andalucía toda la información sobre las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo a las empresas en crisis desde 2010 hasta 2012. Amplía, por tanto, la investigación a los años de gobierno de Griñán y estrecha cada vez mas el cerco al presidente de la Junta de Andalucía, aunque hasta ahora solo con insinuaciones por la vía de la petición de datos.

El recorrido que tenga este nuevo paso de la magistrada en la instrucción se irá viendo este otoño cuando se cumplan casi dos años del comienzo de la investigación por la policía judicial del mayor caso de corrupción en la Junta. Todo empezó por dos prejubilados falsos en un expediente de regulación de empleo (ERE) de Mercasevilla, la empresa de capital municipal de Sevilla sobre la que recae la investigación de otros delitos. Un ERE es un procedimiento de despido colectivo que la Junta subvenciona para evitar conflictos laborales.

Luego se descubrió que no eran los únicos intrusos (beneficiarios de prejubilaciones que nunca han trabajado en las empresas). Todavía sigue sin saberse con exactitud cuántos polizones se colaron en los expedientes que recibieron dinero de la Junta. Un informe de la Cámara de Cuentas, aún no oficial, dice que hay 126.

Al tirar del hilo, se destapó que también en las ayudas directas a empresas en crisis hubo fraude. Solo la sierra norte de la provincia de Sevilla, la que rodea al pueblo El Pedroso, recibió 50 de los 73 millones de euros concedidos en la década que se investiga (2001-2009). El documento filtrado de la Cámara de Cuentas, sin el visto bueno todavía del pleno de este organismo y antes de las alegaciones, cifra en 1. 200 millones de euros lo que habría costado el fraude de los ERE.

Año y medio después de iniciar las pesquisas, la jueza Alaya amontona expedientes y ya ha imputado a 52 personas, entre ellos seis excargos de la Consejería de Empleo. A estos seis ya les ha tomado declaración y ha enviado a la cárcel a dos: Antonio Fernández, exconsejero de Empleo desde 2004 a 2010, y Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo desde 1999 a 2009. También está en prisión preventiva el exchófer de Guerrero, Francisco Trujillo, quien confesó utilizar parte del dinero que recibió en ayudas (1,3 millones de euros) para comprar cocaína para él y para Guerrero.

Fianzas

A los tres los envió Alaya a prisión preventiva sin fianza en marzo (Guerrero y Trujillo) y en abril (Fernández). Recurrida la decisión, la Audiencia Provincial de Sevilla enmendó a la magistrada y dictó una fianza para Trujillo (150.000 euros) y Fernández (450.000 euros). La jueza impuso otra a Guerrero (250.000 euros). Ninguno de los tres ha podido salir de la cárcel porque las cuantías son tan elevadas que no tienen dinero para pagarlas. Alaya ha accedido a rebajar a la mitad la fianza de Trujillo (75.000 euros), pero no las de Fernández y Guerrero. Pasarán todo el verano a la sombra de la cárcel de Morón de la Frontera.

La prisión de los dos cargos y el chófer ha sido lo más destacado del balance del caso de los ERE en el año judicial que termina. Alaya desistió de enviar a la cárcel a los demás cargos que interrogó (el exviceconsejero Agustín Barberá y los exdirectores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Rivera, sucesores de Guerrero) tras el toque de atención de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Alaya concluyó el 27 de julio con el interrogatorio a Barberá la primera tanda de declaraciones de los 52 imputados que empezó justo un año antes, el 8 de julio, con tres intrusos del círculo de Camas que tuvieron carnet del PSOE. Significativo es que abra y cierre con socialistas. En varios autos, como el de la orden de ingreso en prisión de Fernández, la jueza Alaya ha reiterado que el Gobierno socialista de la Junta ideó un sistema para conceder subvenciones sin control y de forma arbitraria a un «extensísimo grupo de personas físicas y jurídicas, cuyos privilegios procedían de ser personas o entidades próximas a los cargos de la Junta y del PSOE andaluz, bien por razones de amistad, parentesco o afiliación política». Sobre ello sustenta la acusación de los altos cargos.

Alaya se refiere al procedimiento de transferencia de financiación para pagar las ayudas a través del IFA, luego IDEA, y que la jueza considera ilegal porque escapa a cualquier control de financiación y obvia su publicidad en el BOJA. La Junta cambió el procedimiento administrativo en 2010, pero la magistrada sospecha que también puede ser ilegal, de ahí que ahora reclame más información sobre los dos últimos años. Los servicios jurídicos de la Junta, personada en el caso como acusación, siempre han defendido la legalidad de los procedimientos, aunque no pudieran evitar que se produjera el fraude. Alaya sostiene que hubo alertas, pero que los responsables políticos no les hicieron caso.

Y es que tras un año de declaraciones de los numerosos imputados en el caso, la magistrada sigue apuntando sin dar con la tecla de la responsabilidad en el caso de las más altas instancias del Gobierno andaluz, incluido Griñán. Alaya siempre ha recriminado a la Junta su falta de colaboración desde el primer auto de marzo de 2011. Pero además, en varios de ellos ha insistido en reclamar información de Griñán como consejero de Economía y Hacienda (2004-2009), casi siempre a petición del PP, bien sobre las alertas de la Intervención General de Hacienda sobre las irregularidades del sistema de transferencia de financiación, o bien sobre la modificación presupuestaria para aumentar la partida 031.L de la Consejería de Empleo. Esta, que ha sumado 800 millones de euros en la década, ha sido el pozo sin fondo de los corruptos y a la que Guerrero, su máximo responsable, llamó 'fondo de reptiles'.

Las insinuaciones sobre Griñán coincidieron varias veces en vísperas electorales, como en un auto pocos días antes de las elecciones generales del 20 de noviembre. La jueza también citó a los imputados más escandalosos, Guerrero y Trujillo, el chófer de la cocaína, en plena campaña de las elecciones andaluzas del 25 de marzo. Coincidencias que han enrarecido la ya polémica relación de la Junta y la jueza. El encontronazo más sonado fue a raíz de la petición de la magistrada de todas las actas de los consejos de Gobierno de una década.

Pulso con la Junta

La postura del Gobierno andaluz siempre ha sido la misma: Supeditan a los desmanes de Guerrero las tropelías que se cometieron en las ayudas y los intrusos. Unas tropelías de las que también sacaron tajada intermediarios, aseguradoras, o sindicalistas, según un auto de la Guardia Civil. Ni esta ni la jueza han aportado pruebas ni indicios que digan que Chaves o Griñán u otros responsables distintos de los imputados supieran de estas irregularidades. El consejero de Justicia, Emilio Llera, exfiscal decano de Sevilla, ha sido el último en afirmar que los desmanes fueron cosa de «dos o tres personas que, con cierto desahogo, se han aprovechado» de un mecanismo «absolutamente legal», según Europa Press.

Choca además que Fernández aparezca como el muñidor del sistema que provocó la corrupción, cuando el convenio administrativo al que se refiere la jueza como el origen del mal lleva la firma de José Antonio Viera, ahora diputado y entonces consejero de Empleo, además de la suya. El atestado de la Guardia Civil señala abiertamente a Viera como responsable de las ayudas supuestamente fraudulentas a la sierra norte de Sevilla.

Como diputado en el Congreso Viera está aforado, por lo que si es imputado, la jueza Alaya se vería obligada a remitir esta parte de la instrucción al Tribunal Supremo. Pero Viera no está imputado. Es otra de las asignaturas pendientes cuando en septiembre comience el curso judicial y la magistrada Alaya regrese de sus vacaciones para seguir con la instrucción. Una investigación que dada las nuevas pesquisas apuntadas (la de los años 2010 y 2012) parece lejos de acabar pronto. Lo cual, según Llera, no sería prudente. «Si esto sigue así no los van a condenar nunca; es más, puede que muchas de las pruebas obtenidas luego sean declaradas nulas por un retraso excesivo en la instrucción», sentencia el exfiscal.