Con la comida no se juega

El debate en torno a la incorporación de la fiambrera en el comedor de los colegios está servido: la Consejería de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña anuncióel pasado jueves que los escolares podrán llevar la comida de casa al comedor escolar, pero que tendrán que pagar 3 euros «como máximo» por usar el servicio, en concepto de neveras, microondas, vigilantes, servicios de limpieza y demás gastos relacionados. El Gobierno de Madrid también se está planteando permitir que sus alumnos lleven las fiambreras al colegio, aunque aún no se han pronunciado sobre si las familias tendrán que incurrir en algún gasto al respecto. A estas propuestas se une la Comunidad Valenciana, que también proyecta la entrada de las tarteras a los comedores del colegio, en su caso, abonando por la prestación un coste «simbólico», según la consellera de Educación, María José Catalá. En la Comunidad Valenciana se pagaría alrededor de 1,50 euros, aunque desde el gobierno autonómico aún no han decidido si los padres abonarán la cantidad completa o solo una parte.

Las críticas ante estas medidas que parecen propagarse por las autonomías no se han hecho esperar. Las asociaciones de padres han sido las primeras en manifestarse en contra del cobro por el uso del espacio en el comedor escolar. Coinciden en que el coste que Cataluña quiere aplicar por los servicios de luz y vigilancia es excesivo, y que los padres que apuestan por este sistema lo hacen por motivos meramente económicos.

Jesús María Sánchez, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres (Ceapa), calificó la propuesta de «barbaridad» y sentenció que las familias que se acojan a este sistema «van a notar muy poca diferencia» económica entre el comedor o llevar la comida de casa. Sánchez apuntó que la medida es «un ataque claro hacia la escuela pública y a las familias que llevamos a nuestros hijos a estos centros».

Por su parte, el representante de la Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (Concapa), Luis Carbonel, manifestó que «es excesivo cobrar esa cantidad por ocupar el espacio del comedor o usar el microondas». Además, recalcó que parte de la solución a la crisis que atraviesa el país y que afecta a las familias radica en que las empresas relacionadas con el ámbito escolar, como las editoriales, el comercio de uniformes o los cátering que suministran a los propios comedores reduzcan sus márgenes de beneficios. «Solo saldremos de la crisis con solidaridad social y familiar», apuntó Carbonel.

Desde el ámbito de la política, la portavoz parlamentaria de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Anna Simó, denunció a través de su blog que la medida del Gobierno catalán iba «en contra de la equidad y la igualdad que predica la ley de Educación de Cataluña y los mínimos de sentido común y sensibilidad social».

Simó lamentó que el Estado del bienestar y los servicios asociados a la educación como el transporte, los equipos de asesoramiento psicopedagógico, los centros de recursos educativos para deficientes auditivos, las unidades de apoyo a la educación especial o el propio servicio del comedor sean «un lujo que solo se puede pagar si hay superávit, si no resulta que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades».

Además, ERC indicó que hay otras medidas (como recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones o las tasas a las entidades financieras) antes que llegar al extremo de cobrar por usar el espacio del comedor.

Respecto de las medidas en Madrid, Tomás Gómez, secretario general autonómico del PSOE se mostró firmemente en contra de la medida: «Esperanza Aguirre quiere instaurar un modelo anterior a 1978, un modelo predemocrático en el que entra el tupperware». Gómez también cuestionó el hecho de que «se inyecten 25.000 millones de euros en Bankia» y los escolares tengan que llevar tarteras al colegio todos los días por la situación económica de sus padres.