Incidentes aislados en la huelga de ferrocarril

La huelga convocada en Renfe, Adif y Feve se desarrolló ayer con normalidad y solo se produjeron incidentes aislados. Los sindicatos aseguraron que «prácticamente la totalidad» de los trabajadores que no tenían que cumplir servicios mínimos secundaron la huelga, mientras que el Ministerio de Fomento lo redujo al 20%. Los servicios mínimos cubrían el 75% de los trenes AVE y larga distancia, el 67% de los regionales y entre el 40% y el 60% de cercanías, lo que ha sido considerado «abusivo» por los sindicatos. Según el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, de los 1.700 trenes que circulan un día normal, ayer lo hicieron 1.100. Catalá destacó que se registró un «funcionamiento razonable de los servicios ferroviarios».

Entre los escasos incidentes registrados, el portavoz de Fomento mencionó los producidos en un tren hotel Madrid-París y en uno de cercanías en Cataluña. También un tren Alvia de Gijón a Alicante, en el que viajaban 292 pasajeros, permaneció retenido durante 36 minutos por la acción de varios piquetes en la estación de León. Y el tren-hotel que cubre el trayecto entre La Coruña y Barcelona tuvo un retraso de tres horas después de que el maquinista del convoy se sumara a la huelga en pleno viaje y se apeara en la estación de Veguellina de Órbigo (León).

La huelga fue convocada en protesta por el proceso de liberalización del transporte ferroviario que, a juicio de los sindicatos, «esconde una clara intención privatizadora». Los portavoces sindicales anunciaron que seguirán movilizándose hasta que el ferrocarril «esté a salvo de quienes quieren rapiñarlo a costa del esfuerzo y los impuestos de los ciudadanos».

También criticaron la excesiva presencia policial en determinadas estaciones. Los sindicatos acusaron al Ejecutivo de «desplegar un ejército de policía antidisturbio» a pesar de la actitud «correcta» de los trabajadores.

Por su parte, el secretario de Estado de Infraestructuras insistió en que era «impropio» convocar una huelga en un contexto de diálogo. Sin embargo, los portavoces sindicales niegan que exista ese diálogo; al contrario, lamentan que se hayan aprobado reales decretos sin consultar a los sindicatos con una política de «hechos consumados».