Cataluña y Andalucía intentan forzar la negociación con Hacienda

Nadie se apea de su posición, pero Andalucía y Cataluña dieron ayer signos de querer rebajar unos grados la enorme tensión generada en torno al Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que Hacienda comunicó a las autonomías sus techos de déficit y deuda para el período 2013-2015. El gesto más claro fue el del consejero catalán de Economía, Andreu Mas-Colell, quien admitió que en un momento crucial para España, y para el euro, lo conveniente es «tratar de ir juntos».

Mas-Colell dejó claro que, a diferencia de la Junta de Andalucía, la Generalitat no se plantea presentar un recurso de inconstitucionalidad contra las decisiones de Hacienda y tiene intención de cumplir con el objetivo de déficit. «Ya nos hemos dicho desleales los unos a los otros. Empecemos de cero -reclamó en una entrevista en Rac1-, abramos un diálogo y encontremos un planteamiento razonable al reto conjunto que tenemos».

La propuesta no quita para que la Generalitat siga reprochando lo que considera una política autoritaria por parte de Hacienda ni para que defienda que quiere «participar como socio en el proceso previo donde se toman las decisiones» y no limitarse a ser «subordinados disciplinarios». Pero el tono dista mucho del empleado en las últimas semanas.

La consejera andaluza de Presidencia, Susana Díaz, fue algo más contundente e hizo hincapié en que la Junta no aflojará su beligerancia. De hecho, y aunque también insiste en que cumplirá la ley, la Junta estudia ya todas las vías posibles para recurrir judicialmente el objetivo de deuda planteado por el Gobierno. Y, sin embargo, Díaz también aseguró que el presidente andaluz, José Antonio Griñán, mantiene una vía de diálogo abierta con Mariano Rajoy, con el que, según desveló, habló este miércoles por teléfono.

Medidas coercitivas

Las posibilidades de que el Ejecutivo acceda a cambiar sus cuadros son, en todo caso, nulas. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya dejó claro el propio martes, al término del convulso CPFF, que le preocupan poco las quejas «políticas» de unos y otros siempre que cumplan. Y también remarcó que no les queda otra que cumplir si no se quieren enfrentar a las medidas coercitivas de la nueva ley de estabilidad, que contempla en último extremo la intervención de la autonomía. La inflexibilidad del Gobierno tiene su origen en el deseo de Mariano Rajoy de demostrar ante la Unión Europea, y ante unos mercados que castigan sin piedad a España, que es capaz de evitar que el déficit de las autonomías se dispare como ya hizo en 2011: si el objetivo era acabar el año con un 6% de desfase, el conjunto del Estado llegó al 8,9%, y dos tercios de ese margen extra correspondió a las comunidades, que sufrieron una abrupta caída de ingresos con la que no habían contado.

Las amenaza de acudir al Constitucional, por otro lado, asusta poco al Ejecutivo. En primer lugar, porque, en caso de prosperar el recurso, la sentencia tardaría unos años en llegar. Pero también porque el máximo garante de la Carta Magna resolvió hace apenas un año que el Estado puede limitar la autonomía financiera y política de las comunidades si de lo que se trata es de garantizar la estabilidad presupuestaria.

Los socialistas, aun así, harán de este asunto caballo de batalla. La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, llegó a acusar ayer al Gobierno de querer dar «un golpe constitucional» al título VIII de la Constitución «por la vía de los hechos». A su juicio, ha decidido sustituir sin más preámbulo el principio de leal cooperación entre administraciones por el «principio de la intervención».

Los populares, a través de su portavoz, Carlos Floriano, responden que la posición del PSOE es irresponsable y daña la imagen de España.