Recibo de la luz, cuyo precio ya ha subido para 20 millones de clientes. :: JOSÉ RAMÓN LADRA
Economia

El recibo de la luz sufrirá un recargo de 50 a 90 euros hasta diciembre

El nuevo incremento se sumará al impacto de la subida del IVA y al de futuras revisiones que se aplicarán tras la reforma energética

MADRID. Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

Las subidas del recibo de la luz suman y siguen. Pendientes todavía las revisiones que acompañarán a la inminente reforma energética, y mientras llega el impacto del incremento del IVA desde el tipo del 18% al 21%, ahora toca pagar, repartido entre los meses de agosto a diciembre, un recargo que la Organización de Consumidores y Usuarios calcula entre 50 y 90 euros de importe total, equivalente al 10% de las facturas. Es el sobrecoste que se desprende de las sentencias judiciales que han dado la razón a las compañías eléctricas frente a la congelación de la parte regulada de la tarifa que gobiernos de diferente signo acordaron aplicar durante el último trimestre de 2011 y el primero de 2012.

El precio de la electricidad ya ha subido este año, para los veinte millones clientes en régimen de tarifa -que no se benefician del bono social, ni contratan directamente con una comercializadora de su elección-, un 7% en abril y casi un 4% en julio. El recargo, que empezará a repercutirse en el actual mes, compensará a las compañías frente a los menores ingresos que obtuvieron durante un semestre.

Como la mitad de la tarifa eléctrica viene determinada por el precio de la energía en el mercado mayorista, un Ejecutivo socialista y otro popular se aprovecharon del descenso del coste de la electricidad en la subasta para no subir la otra mitad, la correspondiente a los llamados 'peajes de acceso' (transporte, primas a las renovables, compensación extrapeninsular y otros conceptos), sobre la que tenían capacidad de actuación. Las compañías, que vieron engordar el desfase entre los costes reconocidos y su facturación, recurrieron estas decisiones con el argumento de que una ley obligaba al Gobierno a la reducción del déficit y los tribunales les dieron la razón.

El reajuste afecta a la parte regulada, de manera que ningún cliente queda al margen, ni los del mercado libre ni aquellos que hayan cambiado de compañía durante ese periodo de tiempo. La revisión de la factura la lleva a cabo la compañía distribuidora y se paga a través de la comercializadora con la que se ha contratado el suministro. Los usuarios favorecidos por el bono social -familias numerosas, aquellas con todos los miembros en paro o que tengan contratada una potencia inferior a 3,45 kW- verán repercutido el recargo, pero les será simultáneamente bonificado.

En los recibos aparecerán consignados los ajustes del cuarto trimestre de 2011 y del primero de 2012. Los importes se repartirán en los recibos que van de agosto a diciembre, desde dos hasta cinco, en función de los periodos de facturación. Puesto que corresponden a la etapa invernal, resultarán más gravosos para los usuarios que tengan instalada la calefacción eléctrica. Y la subida del IVA no afectará a esta refacturación, porque todos los importes deben ir gravados con el 18%.

Técnicos de la organización de consumidores cifran en 46,95 euros el recargo total para un cliente con una potencia contratada de 3,45 kW y un consumo de 3.500 kWh/año. La cuantía se elevará a 69,25 euros para un usuario con 4,6 kW y consumo de 5.000 kWh/año y se disparará a 91,55 euros en un cliente con 5,5kW de potencia y 6.500 kWh/año de consumo. Los consumidores no se librarán del impacto del aumento del IVA, que podrá aplicarse a consumos realizados con anterioridad al 1 de septiembre si son facturados posteriormente, según ha denunciado Facua. Y también se verán afectados por una reforma eléctrica que el Gobierno tiene 'en la cocina' desde el inicio de la legislatura, con el propósito de cortar la sangría del déficit de tarifa, que este año puede elevar su cuantía hasta 28.000 millones de euros. Los cambios regulatorios están por decidir, porque los ministros no se ponen de acuerdo entre el recorte de las primas o la aprobación de nuevas tasas a la generación convencional. A los usuarios finales se les impondrán igualmente sacrificios.