Cataluña y Andalucía 'vuelan' la estrategia de Rajoy con las autonomías

De poco sirvió meter en vereda a los 'barones' del PP y aleccionarles con eso de que no es momento de rebeliones cuando los mercados, y toda Europa, nos miran con ansiedad. Ellos cumplieron, pero la tensión que ya hace dos semanas se vivió en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que Hacienda se negó a compartir con las comunidades el punto extra de déficit otorgado por Bruselas, acabó estallando ayer de forma estrepitosa. Cataluña, enfadada por las imposiciones del Ejecutivo, ni siquiera asistió a la nueva cumbre convocada para fijar los objetivos individualizados de deuda y déficit para los próximos años, y Andalucía abandonó la mesa a mitad de reunión con un portazo y anunció la presentación de un recurso de inconstitucionalidad inmediato contra los acuerdos.

Esta vez ninguna comunidad gobernada por los populares puso pega alguna, e incluso Extremadura, Castilla y León y Galicia, que hace quince días expresaron su malestar por la exigente cifra de desviación del gasto permitida para 2013 (0,7%), se tragaron sus protestas y aceptaron sin chistar. Pero tanto Asturias, gobernada por el PSOE, como Canarias, con un ejecutivo de Coalición Canaria, votaron en contra. El resultado: un duro golpe para la estrategia de Mariano Rajoy, empeñado en lanzar al exterior el mensaje de que es capaz de controlar a unas regiones a las que, en la distancia y con el lenguaje frío de los números, se perciben como díscolas.

«No pasará nada»

¿Y qué cabe hacer ahora? El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, trató de restar importancia a lo ocurrido. «No pasa nada -defendió-. El cumplimiento de la ley está por encima de lo que ha pasado aquí y eso es lo que tenemos que transmitir a nuestros socios. Puede haber discrepancias pero no hay variación en los objetivos». Esos objetivos consisten en una deuda del 15,1% para el conjunto de la administración autonómica en 2012 y del 16% en 2013. Pero no en todos los casos la cifra individual es idéntica (algo que sí ocurre con el déficit autorizado).

En sus manos el Gobierno tiene, aun así, los instrumentos coercitivos que le otorga la ley de estabilidad presupuestaria aprobada la pasada primavera. Una norma que, en último término, permite a la Administración central intervenir las cuentas de las autonómicas.

Montoro no dijo nada de mantener reuniones bilaterales para intentar apaciguar los ánimos. Lo cierto es que tanto Andalucía como Cataluña forman parte, según algunas fuentes, del grupo de comunidades a las que el ministerio sacó 'tarjeta amarilla' en el último CPFF ante el riesgo de que este año no se atengan al déficit permitido, del 1,5%. Es decir, las conversaciones (al menos técnicas) han sido frecuentes en los últimos días. Además, el consejero de Economía de la Generalitat, Andreu Mas Colell -que remitió una carta al Ministerio para anunciar su ausencia-, llamó a mediodía de ayer al ministro para explicarle su decisión. Pero sirvió de poco, en términos 'diplomáticos'.

Los catalanes -que se han acogido a todos los mecanismos de liquidez puestos en marcha a lo largo del último año por el Gobierno y recurrirán también al Fondo de Liquidez Autonómica, de reciente creación- reprochan al Ejecutivo su falta de flexibilidad. «Europa rectificó respecto a los objetivos de déficit español, se dio cuenta de que los compromisos eran imposibles de cumplir -protestó el portavoz de la 'Generalitat', Francesc Homs-. Si Europa ha sido capaz de rectificar, el Gobierno español, también». Obviamente, se equivoca.

La reacción de Andalucía no fue menos contundente. Su consejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, entró ya al Ministerio molesta por la cifra de deuda para 2013. Por la mañana había habido una reunión técnica en la que ya le habían confirmado que en 2013 no se le permitiría superar el 13,2%. Su plan de equilibrio, aprobado en el Consejo del 27 de mayo, preveía llegar hasta el 15,1%. La diferencia, según aseguró al abandonar la reunión, le obligará a recortar en cerca de 3.000 millones de euros su presupuesto. «El equivalente a un superávit de dos puntos del PIB», adujo.

Esta es la primera vez que el Estado fija un techo a la deuda a las autonomías. Y el cálculo, diferente para cada una, se ha hecho teniendo en cuenta el volumen acumulado a 31 de diciembre de 2011 más el déficit permitido, más las liquidaciones negativas de 2008 y 2009. Una fórmula que Andalucía considera injusta porque no premia, dice, a las que, como es su caso, se han endeudado en los últimos años por debajo de la media.

Montoro recordó que la comunidad que gobierna José Antonio Griñán ha recibido 2.700 millones del pago a proveedores cuando otras autonomías han recibido cantidades muy inferiores. Y que la semana pasada tuvo que recurrir a la línea ICO liquidez porque no encontraba otra fuente de financiación. «Eso de quiero más endeudamiento cuando no puedo hacer frente a lo que tengo delante no funciona -reprochó molesto-; vamos a afrontar la realidad porque si no, creamos agujeros».