AUTONOMÍAS BAJO TUTELA

Sin excesivo ruido y casi sin discusión, la agresividad de la crisis económica que sacude a España ha hecho posible un cambio en el modelo de relación entre el Estado y las autonomías que hace tan solo un lustro, en pleno auge de las reformas estatutarias, habría parecido imposible. Nunca como ahora, el Gobierno de la Nación había tenido tanta capacidad de decisión sobre los presupuestos y el gasto de las comunidades; una facultad en la que ahonda el recién aprobado Fondo de Liquidez Autonómica al que ya han anunciado su adhesión la Comunidad Valenciana, Murcia y la siempre reivindicativa Cataluña.

Se le llame o no rescate -una palabra maldita tanto para unos como para otros-, lo cierto es que este mecanismo de asistencia financiera fue diseñado por el Ejecutivo para lanzar un salvavidas a una buena parte de las comunidades, asfixiadas por inminentes vencimientos de deuda. El cálculo del Ejecutivo es que, de aquí a final de año las autonomías necesitan 26.376,40 millonees de euros. El fondo estará dotado este 2012 con 18.000 millones. Pero la ayuda, que llegará en forma de préstamo, conllevará duras condiciones bilaterales.

Las comunidades que pidan ayuda tendrán que someter sus cuentas a un estricto control mensual por parte de Hacienda, que examinará los planes de tesorería, la ejecución presupuestaria, la adecuación a la realidad de las previsiones de ajuste, los detalles de operaciones de deuda viva o la valoración de los riesgos a corto y medio plazo. Todo lo necesario para garantizar que van por el buen camino para cumplir el objetivo de déficit autorizado, que este año es del 1,5%, y para atender a las obligaciones contraídas.

Artículo inédito

Si hay dudas consistentes, Hacienda podrá mandar a sus 'hombres de negro' y en el caso, en principio extremo, de que el gobierno autonómico en cuestión no atienda sus requerimientos cabe, mayoría absoluta del Senado mediante, la intervención de la autonomía. Esta posibilidad no cae del cielo. Tiene su amparo en el artículo 155 de la Constitución. Pero nunca, hasta la aprobación en abril de la ley de estabilidad presupuestaria, una norma estatal había invocado su aplicación. Un salto cualitativo que ha pasado bastante desapercibido. «Ese artículo se inspiró en la ley fundamental alemana, pero allí quien gobierna es la federación y quienes ejecutan son los 'länder', aquí no», subraya el profesor de derecho constitucional y exsecretario general de ERC, Joan Ridao. A su juicio, en pocos meses se ha consumado un salto atrás que nos retrotrae, dice, a las «catacumbas autonómicas».

Y no es el único que hace esa interpretación. El portavoz socialista en el debate parlamentario sobre el fondo, Pedro Saura, cree que la nueva legislación permitirá al Gobierno imponer a las autonomías ajustes que de otro modo habrían podido pelear en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. «Para las comunidades esto es tanto como entregar las llaves a la administración central», sostiene. «En lugar de intentar abordar la raíz del problema, que es cómo financiar adecudamente el Estado de bienestar, se ha ido por la puerta de atrás». Lo cierto es que la piedra fundamental sobre la que se asienta este cambio es la reforma exprés de la Constitución impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero el pasado agosto, con el apoyo a ojos cerrados de Mariano Rajoy. Una reforma que sacraliza y convierte en imperativo para todas las administraciones la estabilidad presupuestaria. De ella emana la ley de sostenibilidad financiera que los socialistas finalmente no apoyaron, pero que en cambio contó con el apoyo de Convergència i Unió, el mismo partido que, paradójicamente, concurrió a las últimas elecciones generales con la defensa del «derecho a decidir» como bandera.

Apenas ocho meses después del 20-N, la Generalitat de Artur Mas reconoce que no dispone de más «banco» para atender sus necesidades de liquidez que el Gobierno de España y que sin nuevos fondos ni siquiera tendrá para pagar este mes a escuelas y hospitales concertados. Su deuda es de 42.000 millones de euros (el 21% de su PIB), la más alta de todas las comunidades autónomas, y según los cálculos de Hacienda, de aquí a diciembre sus necesidades de liquidez ascienden a más de 7.000 millones de euros.

Los catalanes, que llevaban más de un año lanzando señales de auxilio y se han acogido a todos los instrumentos financieros articulados hasta ahora por el Gobierno a través del ICO habrían preferido que, en lugar de un fondo a imagen y semejanza del creado por Bruselas para rescatar a países como Grecia, Irlanda, Portugal (y ahora al sector financiero español), se hubiera apostado por los 'hispanobonos', es decir, por una emisión conjunta de títulos de deuda autonómica avalada por el Tesoro. Pero el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, mostró su rechazo a fórmulas que implicaran «mutualizar el riesgo».

Responsabilidad única

¿Existe interés recentralizador? El Ejecutivo sostiene que lo único que le mueve es el deseo de garantizar que las cuentas no se desmadran. Sobre todo, porque en caso de desviación del objetivo del déficit el castigo de la UE (y de los mercados) recae en el Reino de España. «Lo que pretende el fondo -en palabras del portavoz económico del PP en el Parlamento, Vicente Martínez Pujalte- es que las comunidades autónomas puedan financiar sus servicios públicos» en un momento en el que tienen cerrado el acceso a los mercados. Y los mecanismos de control adicionales, conforme a su explicación, no son más que una consecuencia lógica. «Los que prestan dinero quieren recuperarlo y, además, a ser posible, en las mismas condiciones en que lo prestaron».

El Tribunal Constitucional avala su posición. En una sentencia del 20 de julio de 2011 sobre la anterior ley de estabilidad del PP (derogada por el PSOE) señala que la autonomía financiera y política que la Carta Magna otorga a las comunidades significa «capacidad para elaborar políticas públicas propias» allá donde tiene competencias y «plena disponibilidad de sus ingresos», pero matiza que esa libertad «no tiene carácter absoluto» sino que «se puede admitir que el Estado ejerza algún tipo de control(...) y la estabilidad presupuestaria queda dentro de ese principio de control».

Pero nada de eso pone las cosas fáciles al Ejecutivo. «El Estado ha jugado fuerte pensando que quizá por la amenaza de la intervención todo el mundo se iba a poner las pilas. Actuará como la 'troika', pero hay una diferencia: al FMI, el BCE y la Comisión Europea no les tiene que votar nadie pero a quien recorte desde el Gobierno sí ¿Por qué han sido tan generosas las autonomías al decir 'venid a recortarme'?», ironiza el catedrático de Hacienda Pública de la UPV, Ignacio Zubiri.

A su juicio, el coste social de los ajustes será tal que inevitablemente pasará factura electoral. «Ha habido despilfarro, pero no creamos que cortando los gastos superficiales se van a rebajar cuatro puntos del PIB -advierte-; el dinero que se tira no es el causante de lo que está pasando, la parte del león del gasto autonómico, alrededor de un 70%, se la llevan la sanidad, la educación y los servicios sociales».

Como el investigador del Instituto de Análisis Económico del CSIC Ángel de la Fuente, considera que el sistema de financiación de las comunidades autónomas ha contribuido a una gestión, en algunos casos, irresponsable. «Quien se moja a la hora de subir impuestos es el Estado y las comunidades siempre han tenido la seguridad de que al final les iban a cubrir las espaldas», dice este último. «En 2007 hubo una importante caída de la recaudación que ignoraron».

Estos dos expertos discrepan en cambio sobre las bondades de la reforma gubernamental. ¿Qué habría ocurrido si España hubiera dispuesto de una legislación como la actual en los últimos viente años? «Sin duda estaríamos peor», dice Zubiri. «Sin duda -responde De la Fuente- mejor».